POR Luis Fernando Moreno Mayoral
A cuatro días de publicado el reportaje sobre la contratación de Rafael Briceño Alcaraz como asesor de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, nadie ha respondido la oportuna pregunta que lanzó la columna Xpress´o el lunes: si el ex candidato de MORENA a la alcaldía de Colima fue uno de los que se benefició con los aumentos que se dieron en la administración estatal y no apareció en la lista que exhibió el líder sindical Martín Flores Castañeda, ¿significa que hay más funcionarios que obtuvieron ese incremento? Y si fue así, ¿ya se lo rebajaron como se lo ordenó la mandataria al subsecretario de Administración?
El silencio oficial a la revelación hecha en PXPress sólo indica una cosa: no hay manera de desmentir lo que es cierto y no se puede manejar una crisis de medios cuando la exhibida a su nueva adquisición se dio con documentos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
Lo que sí hicieron, sin embargo, fue proporcionar la lista de la mayoría de los funcionarios de la Oficina de la Gubernatura, de la Coordinación de Asesores y de la Coordinación de Comunicación Social a la Plataforma Nacional de Transparencia; el hincapié en la mayoría es porque no pusieron a la totalidad de los nombres que, sin embargo, sí tenemos en nuestro poder.
¿Por qué ocultaron a algunos personajes siniestros y veletas de la política si, como dice la gobernadora, en este gobierno les gusta ser transparentes? Porque, ciertamente, los nombres que aparecen en la página de transparencia, aunque a primera vista se ven muchos, no son todos; la lista completa la tenemos nosotros y en breve será revelada porque la opinión pública tiene el derecho a estar informada sobre quiénes son los trabajadores del gobierno del Estado que reciben sueldo del erario.
Y más porque algunos de ellos sólo se dedican a generar polarización en las redes sociales con textos apasionados en defensa de la mandataria. Si la sociedad supiera que cada palabra escrita por esos sujetos en sus cuentas de Facebook cuesta alrededor de 40 mil pesos al mes no estaría tan de acuerdo en que sus impuestos se vayan a financiar apologías de la mandataria y que, lo peor, calumnien a los que sí están ejerciendo el periodismo de rigor y cercano a la gente.
Es por eso la necesidad de que este gobierno sea transparente y proporcione la información que requerimos en los medios de comunicación. Porque, como experiencia propia, las solicitudes que se han hecho a la administración estatal, en el caso de ser respondidas, tardan más tiempo de lo que estipula la propia ley de transparencia y acceso a la información pública. Y las que no se les da la gana responder sencillamente las dejan así o dicen que no tiene la información requerida; en otros casos pasan la bolita a otras dependencias que, de igual manera, dice que tampoco cuentan con los documentos solicitados.
Ni qué decir de los temas de seguridad, porque ahí sí que son más opacos que los vidrios polarizados y blindados de la camioneta de la gobernadora del Estado. Cuando se trata de información sobre contratos de seguridad, salen con la clásica de que se trata información clasificada; ahí aprovechan para reservar todo lo referente al tema hasta por cinco años.
En el gobierno del Estado creen que le hacen un favor a la sociedad con subir algunos nombres de la Oficina de la Gubernatura a la Plataforma Nacional de Transparencia; obvian que es su obligación ser transparentes y ejercer la rendición de cuentas al pie de la letra. Los nombres proporcionados a la página de transparencia lo hicieron obligados por la investigación especial que reveló un solo nombre; sin embargo, en su soberbia omitieron otros que, de hacerse públicos, generarían una indignación de la sociedad.
Que se les haga costumbre en el gobierno del Estado proporcionar la información que requieran los medios de comunicación y la sociedad en general, porque nosotros estaremos impulsando la transparencia y la rendición de cuentas; aunque a veces se tarde la administración estatal en responder, al final lo tiene que hacer por ley.
Lo sombrío de la contratación de Rafael Briceño Alcaraz es que se reveló el modus operandi de la gobernadora respecto a dónde envía a los funcionarios que no quiere que intervengan en las decisiones de gobierno, pero que, en descargo, no puede dejar fuera porque son compromisos que hizo su padre Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.
Indira Vizcaíno debe una explicación de por qué, al menos en lo que se refiere a la Oficina de la Gubernatura, la Coordinación de Asesores y la Coordinación de Comunicación Social, no quiere que se sepa quiénes están ahí laborando. Hoy se vieron obligados por la investigación periodística; mañana tiene que ser porque son partidarios de la rendición de cuentas.