POR Jorge Octavio González
Las imágenes de los jóvenes de Lagos de Moreno golpeándose entre sí y uno de ellos degollando a su amigo para no ser víctima de un castigo “peor” llenaron de indignación, rabia e impotencia a todos los mexicanos de bien que podemos estar en la misma situación.
La violencia ha escalado en todo el país a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.
No sólo es en Colima con una mandataria inútil e indolente como Indira Vizcaíno, sino con el pelafustán poco hombre de Cuitláhuac García en Veracruz o con la hija del violador Félix Salgado Macedonio en Guerrero o con la violentadora de mujeres Layda Sansores en Campeche.
A donde sea que uno voltee, sobre todo a los gobiernos de MORENA, habrá terror, violencia, cobro de piso, extorsiones, secuestros, descuartizados en las calles, enterrados en fosas comunes y feminicidios; el problema es que ninguno de los mandatarios emanados del partido oficial son capaces de reconocer sus limitaciones.
En Lagos de Moreno, Jalisco, un grupo de amigos, no mayores de 21 años, salieron de paseo y fueron secuestrados por una célula criminal que los golpeó, torturó y, como corolario, los obligó a golpearse entre sí, a lastimarse y a degollar a sus compañeros, todo esto mientras los criminales grababan el suceso como si fuera un acto de diversión.
El presidente de México, cuando ayer en la mañanera se le cuestionó al respecto, hizo muecas de que no escuchaba y después se puso a contar un pésimo chiste; después intentaron de nueva cuenta sacarle una declaración y otra vez evadió el tema.
México está indignado. México está molesto. Tiene rabia y sed de justicia; el problema es que la política de seguridad del gobierno federal ha sido un rotundo fracaso. No sirve. Los abrazos no balazos ha sido una estrategia fallida que beneficia más a los criminales que a los ciudadanos de pie.
No hay que ir muy lejos para conocer la indignación por la ola de violencia. El pasado martes, poco antes del fugaz temblor que se sintió en Colima, unos sicarios llegaron hasta el domicilio de un joven abogado y le dispararon en diversas ocasiones mientras estacionaba su auto.
La noticia corrió como reguero de pólvora por tratarse del secretario del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, además de amigo personal de la gobernadora Indira Vizcaíno.
En este caso, como no se ha visto en los demás crímenes en Colima, el Poder Judicial envió un comunicado exigiendo el esclarecimiento del asesinato, pero también la Fiscalía General del Estado de Colima, a cargo del sinvergüenza y cobarde Bryant Alejandro García Ramírez, publicó un texto en sus redes sociales en donde afirmaron que ya se había abierto una carpeta de investigación para dar con los responsables.
Qué bien que al Poder Judicial y a la Fiscalía de Colima les haya indignado el crimen del abogado Ricardo Gálvez Campos y coincidan en que el asesinato no debe quedar impune; sólo que eso mismo esperan los familiares de las miles de personas que han fallecido a manos del crimen organizado y que han desaparecido en este y en anteriores gobiernos.
Duele ver imágenes como los cinco jóvenes secuestrados y asesinados en Lagos de Moreno, los 30 cadáveres en congeladores que descubrieron en Veracruz, el homicidio de Ricardo Gálvez en Colima, los más de mil disparos a la camioneta de Hipólito Mora en Michoacán, el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva en la Ciudad de México o los asesinatos en Guerrero, que tiene el primer semestre más violento de los últimos cuatro años en dicha entidad.
La violencia está pudriendo a México, está pudriendo a Colima, está pudriendo a todos los demás Estados del país; en tanto, los mandatarios no actúan en contra de los criminales, sino, como se ha demostrado en el gobierno de Indira Vizcaíno, desde la Fiscalía del Estado se protege a uno de ellos, de acuerdo a los cables confidenciales de la SEDENA filtrados por Guacamayas.
Estamos en manos de criminales con cargos en el gobierno.