La prueba de fuego

POR Jorge Octavio González

Los diputados de la próxima Legislatura tienen una misión que deben cumplir para que la sociedad vuelva a creer en las instituciones y en la justicia.

En el periodo actual del Congreso el Estado, en algún momento, MORENA y aliados estuvieron a un diputado de perder la mayoría y quedar en manos de la oposición.

Pero una mala operación política del PRIAN no logró concretar ese equilibrio entre los Poderes Legislativo y el Ejecutivo que se buscaba.

En la oposición, sobre todo en el PRI, había legisladores con expedientes que bien podrían ser activados en cualquier momento para neutralizarlos.

Es el caso, dese luego, del diputado plurinominal Carlos Arturo Noriega García, el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado en la pasada administración, co-responsable de la quiebra financiera que dejó sin salarios y sin servicios de salud a miles de trabajadores del Estado.

El grupo político de José Ignacio Peralta Sánchez maniobró, con recursos del propio gobierno del Estado, para que uno de los suyos ganara la presidencia municipal de Colima en manos de Margarita Moreno.

Desde ahí, por supuesto, tenían la intención de refugiar a los incondicionales del peraltismo y lograr la hazaña de reelegirse para tener boleto en el 2027.

El egocentrismo de Margarita Moreno, amén de sus pésimos y soberbios asesores que sólo la aislaron y le hicieron creer que podría salir avante de todos los conflictos en los que se metió, provocó la hecatombe que aun ahora no saben por dónde les pasó.

Los actuales diputados podrán argumentar una y mil cosas para justificar su inacción en el caso de los juicios políticos en contra de Ignacio Peralta y Carlos Noriega; sin embargo, los que están a punto de ser parte de la 61 Legislatura ya no tendrán pretexto alguno para mantener en la impunidad a dos sujetos que fueron capaces de dejar sin comer y sin medicinas a miles de trabajadores con tal de pagar unos créditos a los banqueros.

La mayoría de los colimenses, el pasado 2 de junio, les dio el voto de confianza a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados para tener la mayoría calificada en el Congreso del Estado; esto con el objetivo de poder hacer los cambios a las leyes y a la Constitución y, sobre todo, aplicar la justicia a quienes se robaron el dinero del pueblo.

Las investigaciones que se han hecho en torno al desfalco de las finanzas en la pasada administración tiene en el banquillo de los acusados a José Ignacio Peralta Sánchez y a Carlos Arturo Noriega García, pero también se sumó la actual oficial mayor del ayuntamiento de Colima y cómplice de los malos manejos en la Secretaría de Planeación y Finanzas, Susana Martínez Briceño.

El equipo de asesores de Margarita Moreno, los mismos que la llevaron a un humillante tercer lugar en las pasadas elecciones, planearon la realización de un video en donde la presidenta municipal presumió haber pagado un crédito de corto plazo, todo con la finalidad de lavarle las manos a la oficial mayor, quien sería la responsable de tan espectacular manejo y disciplina en las finanzas del Municipio.

Al margen de que las auditorías tendrán sus propios resultados, así como de los años 2021, 2022 y 2023, lo cierto, sin embargo, es que con el pago del crédito en cuestión no se deslinda ni queda exonerada Susana Martínez Briceño de la serie de irregularidades que se cometieron en la pasada administración, cuando fue la mano derecha de Carlos Noriega en la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Los diputados, como hemos dicho, tendrán una responsabilidad muy alta cuando sean parte de la nueva Legislatura. Y tendrán la oportunidad de reivindicar la pésima actuación de los actuales legisladores aplicando la ley a quienes, como Ignacio Peralta, Carlos Noriega y Susana Martínez, provocaron el mayor desfalco a las arcas públicas de que se tenga memoria en la historia de Colima.

Si no se castiga a estos sujetos en la próxima Legislatura, significa que sí hay un pacto de impunidad para estos ladrones de cuello blanco.

Si se atienen a los compromisos que hizo Julio Scherer Ibarra en su momento, cuando era el poderoso consejero jurídico de la presidencia de la República, tienen que saber que ya no son válidos desde que Andrés Manuel López Obrador lo echó del gobierno y perdió toda su confianza.

No hay pretextos: tienen que aplicar la ley y llevar a la cárcel a estos delincuentes.