POR Jorge Octavio González
En Colima, como toda mafia que se precie de ser, los jueces y magistrados se resisten a perder sus privilegios y dan coletazos desesperados para que no se les aplique la reforma judicial.
Ya salió la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima a proponer que las elecciones extraordinarias se lleven a cabo hasta el 2027; que al cabo ellos no tienen prisa por irse porque aún tienen asuntos pendientes y quincenas por cobrar.
El caso, sin embargo, es que la reforma al Poder Judicial en la entidad es un hecho porque la iniciativa que se homologa con la Constitución Política Federal viene con la línea y el interés supremo de la presidencia de la República y los diputados locales de la 4T tienen el control del Congreso del Estado.
Por más que pataleen, por más que sus voceros escandalosos amenacen a los alcaldes que aprueben la iniciativa, no hay vuelta atrás: en junio de este 2025 el Instituto Electoral del Estado de Colima organizará las elecciones para la renovación total de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de las juezas y jueces del Poder Judicial en funciones.
La oposición, al pretender hacer suya la causa de los jueces y magistrados, sólo hacen politiquería; como no tienen nada que proponer ni cuentan con estrategias que la sociedad les reconozca, se agarran a cualquier clavo ardiente con tal de estar vigente en los medios de comunicación.
El documento firmado por las fracciones del PRI, PAN y MC —con excepción de Lizzie Moreno Ceballos— resulta, por demás, un acto de demagogia y ganas de perder el tiempo: sus coordinadores Arnoldo Ochoa González, Jesús Alberto Partida Valencia e Israel González pidieron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales “la realización de un Parlamento Abierto”.
¿En qué consiste? Llevar a cabo entrevistas, comparecencias, audiencias públicas y foros “para obtener mayores elementos que permitan dictaminar con base en un análisis integral”; también pidieron “reuniones de información y audiencias con representantes de grupos sociales interesados, peritos y personas con conocimientos especializados en la materia”.
Ganas de perder el tiempo, en efecto.
Extraña del septuagenario Arnoldo Ochoa González, un viejo y mañoso lobo de mar en la política, que trate de ir a contracorriente de una iniciativa que viene con la legitimidad de más de 36 millones de mexicanos que confiaron en la propuesta de MORENA, PT y Verde Ecologista: el bloque oficialista, al tener mayoría en el Congreso del Estado, pueden aprobar sin problema alguno la iniciativa que se homologa con la federal para llevar a cabo las elecciones este primer domingo de junio.
Beto Partida, por otro lado, es un politiquero vulgar, un energúmeno que manotea y grita en tribuna, que sólo quiere llevar agua a su molina; a él nunca le interesó el bienestar de la sociedad, mucho menos que se imparta una justicia pronta y expedita, pues sería de los primeros en afrontar las consecuencias de haberse prestado al fraude que fue su postulación como candidato plurinominal como parte de la diversidad sexual, acto que perpetró su comadre Julia Jiménez, actuando como una política del viejo régimen priísta corrupto y totalitario.
Qué se puede esperar de una dirigente estatal del PAN que, además de regalarse la candidatura plurinominal a la diputación federal, impuso como suplente a su propia hija, funcionaria de la actual administración municipal PRIANISTA, donde además quería maniobrar para ser secretaria del ayuntamiento de Colima en lugar del raterazo y sinvergüenza Francisco Ánzar Herrera y dejar su curul al orgullo de su nepotismo.
Partida Valencia, pues, no es más que un sujeto que gusta de la intriga y la traición; si firmó el documento en cuestión es porque en estos momentos le genera el aplauso fácil de los magistrados y jueces que se dicen víctimas del sistema político que los quiere dejar en la calle, como si no hubieran acumulado una fortuna en todos estos años que han formado parte de la mafia judicial de Colima.
Nomás basta ver el caso exhibido en CONCIERTO POLÍTICO (22-IV-2022) sobre el juez cuarto de lo familiar del Poder Judicial de Colima —José Villalvazo Martínez— acerca de dos casos de juicios sucesorios para dimensionar la lacra de funcionario judicial que es este tipejo y cómo opera para inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
Israel González, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, está en su papel: todavía no sabe su identidad como diputado y el partido naranja no termina de presentarse como un opositor férreo como el PAN o una alternativa que esté entre el oficialismo y la oposición, algo que sería bien visto por una sociedad que no ve con buenos ojos la polarización que tanto daño generó a los mexicanos los últimos años.
En la misma sintonía que su coordinador se encuentra Betzy Pinzón, quien también sugirió la realización de foros para que se dé a conocer el alcance de la reforma judicial en Colma.
El problema, sin embargo, es que ya no hay tiempo para foros ni entrevistas ni mesas de discusión: la elección extraordinaria para renovar la totalidad de magistrados y juezas y jueces del Poder Judicial de Colima se llevará a cabo el domingo de junio de este año.
Y no habrá poder humano que cambie esa decisión.