POR Jorge Octavio González
De acuerdo a la información que ha circulado en estos días, el retiro de la visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo y a su esposo Carlos Torres Torres es el inicio de una serie de acciones de parte de los Estados Unidos en contra de políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado.
Aunque la mandataria de Baja California negó saber las razones por las que se le retiró la visa de turista y afirmó que en ningún momento se le notificó por la vía consular, hay indicios que contradicen su versión; incluso han salido historias grotescas sobre las relaciones del cuñado de la gobernadora con integrantes de cárteles de la droga desde hace muchos años atrás.
Inédito, ciertamente, que a una gobernadora en funciones le hayan retirado la visa de turista en medio de una complicada relación con los Estados Unidos y la presión enorme que ejerce Donald J. Trump al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para que combata en serio y a fondo a los que ahora han denominado organizaciones terroristas extranjeras.
Marina del Pilar Ávila, como se ha comentado en los medios de comunicación, es la primera de muchas otras figuras políticas de México a las que se les retirará la visa de turista, además de que enfrentarán otras acciones en el contexto de la guerra que ha declarado Estados Unidos al crimen organizado.
Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, difundió una lista de políticos que en próximos días enfrentarán acusaciones en los Estados Unidos y también el retiro de sus visas de turista.
El primero de ellos es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, así como Miguel Ángel Navarro, mandamás de Nayarit.
Esto en lo que tiene que ver con gobernadores en funciones de Movimiento de Regeneración Nacional; los demás no están en el radar de las autoridades estadounidenses.
Pero Levy también mencionó que se investiga en los Estados Unidos al hampón Adán Augusto López Hernández y a Clara Luz Flores, líder del Senado de la República y subsecretaria de Gobernación para Asuntos Religiosos, respectivamente.
El columnista Salvador García Soto, del medio El Universal, dio a conocer otros nombres de políticos investigados por los Estados Unidos; en esta ocasión se trata del gobernador en funciones de Nuevo León y el ex mandatario de Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente.
Los dos, como se puede apreciar, pertenecen al partido Movimiento Ciudadano; esto convalida las versiones de que en Washington no están investigando a políticos de MORENA en específico, aunque son los más, sino que también hay una gama de servidores públicos del PRIAN, de hoy y del pasado, que también tienen cuentas pendientes con las autoridades.
¿Qué tantos ex gobernadores del PRI y el PAN podrían integrarse a la lista negra de los Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado? Algunos ya murieron, pero otros están más vivos que nunca y opinan en los medios de comunicación como si tuvieran la autoridad moral para juzgar a los funcionarios de las actuales administraciones de los tres niveles de gobierno.
Sería bueno que la investigación en contra de narco políticos se haga también en Colima: aquí se llevarían una sorpresa de ver cuántos ex gobernadores, ex alcaldes y ex diputados del PRIAN han hecho sus carreras políticas y sus fortunas con la sangre de cientos y miles de víctimas de las drogas y de la guerra entre criminales.