La ley, en los bueyes de mi compadre

POR Jorge Octavio González

Qué tiene que pasar para que el Instituto Electoral del Estado de Colima voltee a ver los casos públicos y documentados de César Rodríguez y Beto Partida y su inscripción como candidatos a través de los grupos prioritarios.

¿Necesitan una denuncia formal de algún partido o grupo interesado? ¿Qué?

Porque ahora los partidos que más han violado la ley electoral, como el PRI y el PAN, se ufanan de ser los defensores del Estado de Derecho y llevan récord de impugnaciones ante las autoridades electorales para tumbar candidatos que les incomodan o les temen.

¿O va a suceder como en la pasada elección, donde actuaron diferente para un mismo caso?

Francisco Rodríguez García, candidato del PRIANRD a la diputación local, se reeligió por un distrito diferente al que ganó; lo mismo hizo Ana Karen Hernández, candidata de MORENA a la diputación local.

De acuerdo al código electoral, los dos incurrían en una ilegalidad. El problema, sin embargo, es que la coalición Juntos Haremos Historia sí impugnó al entonces panista y la alianza Va por Colima no lo hizo contra la morenista.

¿Resultado? La autoridad competente le quitó la candidatura a Francisco Rodríguez pero no a Ana Karen Hernández.

¿Por qué esta diferencia entre dos casos similares?

Porque una alianza sí interpuso un recuro legal y la otra no.

¿Nada más por eso?

¿Y entonces nada tiene que ver que la ilegalidad sea pública y a la vista de todos? ¿Si nadie mete un recurso legal el candidato puede hacer campaña como si nada?

Los casos de César Abelardo Rodríguez y Jesús Alberto Partida Valencia, candidatos a la diputación local por el Distrito IV y primer lugar en la lista de diputados por la vía de representación proporcional, respectivamente, pueden no valorarse por la autoridad electoral si nadie interpone una denuncia.

¿Y la ilegalidad, ahora que tanto pregonan el PRI y el PAN que se debe respetar?

Si así lo creyeran, sin embargo, desde el momento que se dio a conocer a la opinión pública la anomalía en esos dos casos les habrían retirado la candidatura de inmediato; la cuestión es que los dirigentes del PRI y el PAN los sostienen porque ellos también son unos corruptos que se han valido de sus partidos para regalarse diputaciones locales y federales pluris. No tienen autoridad moral.

Pero si no son ellos, ¿quiénes? Los partidos, como MORENA, que ya sufrieron la cascada de impugnaciones de los equipos de campaña de otros candidatos, tendrían que estar metiendo recursos ante las autoridades electorales para que al menos analicen sus casos y los candidatos inscritos como población con discapacidad y de la diversidad sexual acrediten que pertenecen a esos grupos prioritarios.

Y, en caso negativo, retirarles sus candidaturas por tramposos y por darle la vuelta a la ley electoral para imponer a sus amigos y compadres en lugares que deberían ser para quienes forman parte de los grupos prioritarios, como las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes e indígenas.

La ley es la ley, ciertamente, pero tampoco utilicen huecos en la ley para imponer a los suyos haciéndolos pasar como discapacitados visuales y de la diversidad sexual sin serlo.

Y lo más importante: ¿qué opina la gente de los grupos vulnerables de que los partidos políticos, en este caso el PRI y el PAN, hagan uso de los espacios para gente con discapacidad y dela comunidad LGBT+ para dárselas a sus amigos y comadres?

¿Dónde están, pues?

Si se sienten agraviados, metan recursos legales ante el Instituto Electoral del Estado para que al menos quiten a los farsantes y queden exhibidos como sinvergüenzas ante los ojos de todos los colimenses.

Es lo mínimo que se merecen.