POR Jorge Octavio González
Lo sucedido este miércoles en las entidades de Michoacán, Guanajuato y Jalisco es una herencia maldita consecuencia de la estrategia fallida de seguridad —denominada por Andrés Manuel López Obrador— abrazos no balazos.
Pese a que el ex presidente de la República intentó explicar a qué se refería la estrategia en cuestión, que era atacar el origen de las casusas, en los hechos significó una patente de impunidad para los grupos criminales que se apropiaron de más de la mitad del territorio mexicano, de acuerdo a análisis publicados por agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos.
Comenzó como un enfrentamiento entre las autoridades y civiles armados, que desató una ola de terror alrededor de las municipalidades limítrofes entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato; hasta el momento en Colima no se ha reportado que llegue algún tipo de ataque, por lo que las fuerzas armadas deben estar alertas por si hay necesidad de poner orden.
Los bloqueos con camiones, tractocamiones y vehículos, todos incendiados, dejaron incomunicadas las vialidades de Apatzingán, en la carretera Pénjamo-Abasolo, así como cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional en Uruapan, en una provocación abierta a las autoridades encargadas de la seguridad interior del país.
Cierto es que, durante el sexenio de López Obrador, a los criminales se les dejó actuar como si fueran los dueños del país; ninguna acción del gobierno debilitó a una sola de las organizaciones delictivas de México, sino, por el contrario, diversificaron sus fuentes de ingresos, como el cobro de piso a los agricultores y productores de limón, aguacate, entre otros.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con Omar García Harfuch como el encargado de la estrategia de seguridad, ha habido decomisos de toneladas de fentanilo y narcolaboratorios, algo que era negado todas las mañanas en Palacio Nacional, en especial el hecho de que se fabricara esa droga letal en el país.
Hoy, sin embargo, se anuncian decomisos de fentanilo, de narcolaboratorios, de capos de todas las organizaciones criminales sin distingo alguno, la entrega o extradición de más de 20 líderes de cárteles de la droga que tenían cuentas pendientes en los Estados Unidos, como el legendario Rafael Caro Quintero, señalado por la tortura y asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena.
Escondido o muy guardado se encuentra el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, protegido de AMLO y, recientemente, exhibido porque su pareja Julia Abdalá hizo un negocio con el siniestro Genaro García Luna.
En las mismas se encuentra Mario Delgado Carrillo, flamante secretario de Educación, acusado de ganar la dirigencia nacional de MORENA con dinero del Sergio Carmona Villarreal alias El rey del huachicol, asesinado de manera artera en San Pedro Garza García, en Nuevo León, justo cuando estaba en negociaciones con autoridades de los Estados Unidos.
Delgado Carrillo, por cierto, acaba de negar toda aspiración a gobernar Colima, como desean sus compinches de la entidad que son, para variar, los mismos que están incrustados en el PRIAN y pretenden regresar a sus privilegios a través del ex amanuense de Marcelo Ebrard.
Mario Delgado sabe que el expediente de El rey del huachicol lo exterminará en cualquier momento, para mala fortuna de sus promotores en Colima, muchos de ellos señalados por actos de corrupción y de tener relación con el crimen organizado.
En el ala radical del movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador hay resistencia a cambiar el modelo de gobierno del sexenio pasado, por lo que los líderes en las Cámaras de Diputados y Senadores siguen sin dictaminar las iniciativas de la presidente de México para que García Hrafuch pueda tener más facultades y herramientas para combatir al crimen organizado.
La negativa del mafioso Adán Augusto López Hernández y de Ricardo Monreal a sacar adelante las propuestas de Claudia Sheinbaum se entiende como la protección a los grupos criminales que encumbró AMLO el sexenio pasado.