POR Jorge Octavio González
Más de 14 millones de pesos es lo que Indira Vizcaíno ha ordenado que les quiten a los 2 mil trabajadores de confianza del gobierno del Estado para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación.
Era secreto a voces la ordeña del dinero a los empleados de confianza de la administración estatal; el problema es que todos estaban amenazados con que si hablaban o se rehusaban o alegaba que era ilegal sería despedidos de inmediato.
Un empleado en activo y otro despedido fueron entrevistados por Latinus y en el noticiero de Carlos Loret de Mola se publicó el reportaje acerca del dinero que les quitan a los trabajadores del gobierno del Estado para apoyar financieramente a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como seguramente lo hacen en Guerrero, Campeche, Baja California, Oaxaca y demás entidades donde sus mandatarias y mandatarios se han pronunciado a favor de que la “doctora” suceda a Andrés Manuel López Obrador.
Ningún gobierno, ni siquiera en la era neoliberal, había humillado a los trabajadores de confianza tanto como el de Indira Vizcaíno; además de los 400 pesos mensuales que deben dar en efectivo a sus superiores, tienen la orden de asistir a todos los eventos donde acuda Claudia Sheinbuan, como el pasado domingo 23 de julio, llevar 20 personas a los mítines y también trasladarse hasta Guadalajara a pegar propaganda de la ex jefa de Gobierno de la CdMx.
Una vergüenza, por supuesto, que un gobierno que se decía honesto actúe tan miserablemente y trate a sus trabajadores como basura; lamentable que la gobernadora sea una corrupta y sinvergüenza que miente a la sociedad tan fácil como lo hace en su casa.
Y aunque la intención de Indira Vizcaíno sea que gane Claudia Sheinbaum y apoye a Colima en su oportunidad, lo cierto es que está incurriendo en actos ilegales al pedir a los empleados de confianza parte de su salario para sostener la campaña que algunos estiman que ha costado mil millones de pesos hasta el momento, cuando todavía faltan varias semanas para que sea ungido el que encabece los comités de defensa de la cuarta transformación.
Cierto es que esta denuncia no tendrá ningún efecto legal para la mandataria estatal en estos momentos; sin embargo, los diputados del Congreso del Estado tienen la obligación de interponer las denuncias pertinentes ante las instancias legales por probables delitos cometidos por la gobernadora Indira Vizcaíno.
Si no es en este sexenio, en el próximo tendrá que rendir cuentas la gobernadora de Colima.
Pero sí tiene que haber un antecedente de alguna denuncia ante el INE, la Fiscalía General del Estado de Colima y la Fiscalía General de la República; al menos así estarán en riesgo de regresar lo que hayan robado o ir a la cárcel, de ahí la desesperación de que la próxima presidenta de México sea Claudia Sheinbaum, para que les dé impunidad.
En este entramado de corrupción están involucrados, además de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la secretaria de Planeación y Finanzas, Vladimir Parra y Viridiana Valencia Vargas, quienes emplearon el mismo esquema con sus trabajadores para recaudar dinero para la causa de Claudia.
Y lo peor es que también los sindicatos del SNTE 6 y 39 están incurriendo en las mismas irregularidades que los funcionarios del gobierno del Estado: de acuerdo a una maestra, los dirigentes también obligaron a sus agremiados a llevar 10 personas al evento del domingo 23 de julio, dar los datos personas, el número telefónico y enviar una foto de que estuvieron presentes en el evento. Todo de manera obligatoria.
Lamentable, por su puesto, que los líderes sindicales José Jaime Núñez y David Hernández Viera se arrodillen ante Indira Vizcaíno y crean que presionando a sus agremiados a apoyar a Claudia Sheinbaum les irá mejor, cuando ha quedado claro que en este sexenio, como en el anterior, los han tratado como empleados de quinta.
Indira Vizcaíno ha violado de manera sistemática la ley, como lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con su reiterada violación a la Constitución está más que claro que la gobernadora de Colima es una corrupta e indolente que sólo piensa en su beneficio y en no ir a la cárcel que en gobernar y cumplir a los colimenses.