POR Jorge Octavio González
La violencia en Colima y los cárteles de la droga no surgieron hace tres años ni hace cuatro, sino que lleva décadas incubándose esa lacra social que hoy, de acuerdo a un decreto de las autoridades de Estados Unidos, serán catalogadas como organizaciones terroristas extranjeras.
La cooperación entre Estados Unidos y México será fundamental para que se desmantelen todas las organizaciones criminales que laceran a los mexicanos y que los mantienen, en algunas zonas del país, en el miedo más infame.
Decir que hoy, después del asesinato de un ex funcionario de la pasada administración de Manzanillo, la gente olvida fácilmente, no es, sin embargo, algo nuevo.
Tampoco señalar que, después de lo sucedido el pasado viernes en Villa de Álvarez, la sociedad continuará con su vida hasta que otra tragedia vuelva a indignarnos.
Eso viene pasando en los gobiernos de José Ignacio Peralta Sánchez, de Mario Anguiano Moreno y en el de Silverio Cavazos Ceballos: todos ellos, en mayor o en menor medida, contribuyeron a que se asentaran los grupos criminales en la entidad.
Si bien en esta administración se asesinó a un diputado local, en el inicio del gobierno de Mario Anguiano se asesinó a Silverio Cavazos afuera de su domicilio y al final del sexenio, ya con Ignacio Peralta como gobernador electo, se intentó matar al ex gobernador Fernando Moreno Peña.
En el gobierno de Nacho Peralta, por ejemplo, secuestraron y asesinaron a la diputada Anel Bueno; también enviaron comisionados a policías estatales a Jalisco, en donde, después de tenerlos retenidos, negociaron la libertad de unos y a los demás, siete en total, los enviaron descuartizados en una camioneta en los límites de Manzanillo.
¿La gente se olvidó de ello? Sí, por supuesto.
Salvo los familiares, que algunos ya ni le quieren mover a los temas, la gente continuó con sus vidas; eso no significa que no les importe o no les duela lo que haya sucedido.
El problema, por principio de cuentas, es que fue el mismo sistema el que dificultó las investigaciones para llegar a un resultado satisfactorio: increíble que, en la administración de Peralta Sánchez, hayan enviado a Gerardo Mendoza Chávez al penal de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco, donde de inmediato fue asesinado por otro interno, miembro de un cártel contrario al que representaba el autor intelectual del asesinato de Silverio Cavazos.
Si de verdad se hubiera querido resolver el crimen del ex gobernador, las autoridades de Colima lo hubieran retenido aquí hasta doblarlo para que confesara; lo que hicieron, por el contrario, fue mandarlo a una cárcel en donde dominaba la organización criminal enemiga de Mendoza Chávez.
¿Qué esperaban? Por supuesto que lo mandaron al matadero.
Gerardo Mendoza tenía información importante de los pactos criminales de los gobiernos en Colima, pero alguien prefirió callarlo para que todo siguiera igual.
Moreno Peña tampoco hubiera sufrido ese atentado si no fuera porque, de acuerdo a una investigación, se supo que los autores materiales del intento de homicidio fueron liberados, quién sabe por qué razones, en el gobierno de Mario Anguiano Moreno.
Y así podemos hablar de casos, varios de ellos de alto impacto, que han trascendido los años sin que se sepa la verdad de lo sucedido.
Podemos mencionar, ya para finalizar, el avionazo donde Gustavo Vázquez Montes y otros 7 tripulantes perdieron la vida. ¿A poco fue un simple accidente?
Hipócrita sí es preguntarse, luego de los hechos de violencia en Colima en las últimas semanas, por qué la gente se olvida tan fácilmente de ello, si desde hace décadas viene sucediendo así.