Jueces federales denuncian ola de violencia en Colima

POR Jorge Octavio González

Inaudito: el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito informó que se dejará de laborar presencialmente en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima porque un sujeto llegó a las afueras de sus instalaciones y se dio a la fuga cuando se percataron de su actitud sospechosa.

No se dijo si intentó amenazarlos o pretendía ejercer algún acto de violencia; lo cierto es que la presencia de ese individuo y su posterior persecución “sin que se tenga noticia hasta ahora sobre si fue detenido o no” fue razón suficiente para no arriesgar más al personal que labora en esa dependencia.

Y el argumento central fue demoledor: tomaron la decisión “ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en áreas cercanas a las instalaciones que ocupa este tribunal y el Centro de Justicia Penal Federal”.

Duro golpe a las autoridades de Colima que, ciertamente, tendrían que estar resguardando ese edificio donde a diario llevan a presuntos delincuentes a audiencias con el juez de control para determinar su situación legal.

Y claro que la presencia del sujeto que huyó cuando fue descubierto merodeando en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal no fue la única razón para dejar de laborar de manera presencial; en una circular plenaria detallaron los hechos de violencia alrededor de los casos que están llevando a cabo en el Poder Judicial Federal que está a un lado del Complejo Administrativo y el Hospital Regional Universitario.

Mencionaron que el domingo asesinaron a dos jóvenes a las afueras del Centro de Justicia Penal Federal, “quienes acababan de salir de una audiencia inicial que llevó a cabo un juez de control”; también indicaron que ese mismo día fue agredida con proyectiles de arma de fuego “la patrulla que se encontraba resguardando el inmueble en el que habitó el juez Uriel Villegas Ortiz, quien lamentablemente perdió la vida en ese lugar”.

E indicaron que uno de los abogados que asesoró a uno de los jóvenes asesinados el domingo fue ejecutado esta misma semana, todos hechos relacionados entre sí.

Aunque los edificios del Centro de Justicia Penal Federal deberían estar resguardados por la policía de Colima, la Guardia Nacional y La Marina, en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito no se quieren arriesgar y por eso tomaron la determinación de trabajar a distancia “hasta nuevo aviso”, esto es, sin fecha de regreso.

Vergüenza debería darla a la gobernadora Indira Vizcaíno que magistrados de un tribunal colegiado de distrito, del Poder Judicial Federal, hayan tomado esta decisión porque no se sienten seguros de hacer su trabajo, habida cuenta de los asesinatos de los jóvenes que estaban en una audiencia con el juez de control, la ejecución de uno de los abogados y la presencia de un sujeto sospechoso que estaba merodeando en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal.

¿Qué sigue? ¿Otro juez asesinado como Uriel Villegas Ortiz? ¿Alguien de mayor nivel? La violencia llegó a los jueces federales que, ciertamente, en algunos casos han dejado en libertad a los presuntos delincuentes porque las policías municipales y la propia Fiscalía General del Estado de Colima no integran debidamente las carpetas de investigación para que no logren condenarlos como se debe.

A veces, no en todos casos es así, las policías estatales y municipales hacen mal su trabajo a propósito para que un juez federal, al ver el cochinero que les presentaron en las carpetas de investigación, no tenga de otra más que dejarlos en libertad.

Y así, pues, los jueces federales terminan siendo los malos de la película cuando lo cierto es que en los municipios integran mal las carpetas de investigación para quedar bien con el cártel dominante o con el que tienen arreglos.

En Colima, de acuerdo a los cables confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamayas, la Fiscalía de Colima protege al CJNG.

Saquen sus conclusiones.