POR Jorge Octavio González
La elección de magistrados y jueces en Colima es una realidad: será el primer domingo de junio cuando se lleven a cabo para limpiar al Poder Judicial de corrupción y privilegios.
La iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Colima y, con ello, homologar el ordenamiento con la Constitución Política Federal para realizar la elección y renovación de todos los integrantes del Poder Judicial es, desde luego, un hecho.
Pero es hasta ahora, sin embargo, que juezas y jueces de Colima se preocuparon por su carrera judicial y emitieron un comunicado dirigido a los diputados del Congreso del Estado para que reconsideren posponer la elección hasta el 2027.
¿Y su nieve de qué la quieren?
¿Quiénes son las juezas y jueces de Colima que pretenden semejante cambio en el ordenamiento legal?
La Asociación de Jueces de Primer Instancia del Estado de Colima, A.C.
¿Qué argumentan a su favor?
Primero: que ellos, a diferencia de los magistrados, no fueron designados de manera directa sino que tienen una carrera judicial y han participado en concursos de oposición abiertos a la sociedad.
Discutible, hasta cierto punto, la argumentación: los jueces federales están en la misma situación y de todas maneras serán sometidos a la reforma judicial que los obliga a participar en las elecciones o aceptar su liquidación conforme a la ley.
Las juezas y jueces de primera instancia de Colima mencionaron, además, que el cambio de la totalidad de sus integrantes “ni al propio Poder Judicial le conviene, pues es un tema incluso social, ya que cambiar todos a la vez generará un caos en la administración de justicia”.
¿Caos? En Colima, como en otras partes del país, la tasa de resoluciones es bajísima; la mayoría de las personas no está satisfecha con el sistema judicial porque son tardados y algunos jueces piden dinero para inclinar la balanza.
Y entonces, para que no haya un caos en la administración de la justicia y se ahorren los recursos para la organización de la elección extraordinaria, la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima, A.C propone, en todo caso, que la elección “puede llevarse a cabo en el 2027, de manera concurrente con la elección local de Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales, así como Diputados Federales, razón por la que consideramos no resultaría viable llevar a cabo de manera precipitada la referida reforma judicial».
Eso del ahorro es algo que al gobierno federal le importa muy poco; recordemos que se fijó un presupuesto al Instituto Nacional Electoral para la realización de los comicios, aunque ellos pedían más.
Y si para el INE no habrá recursos extraordinarios para llevar a cabo la elección, qué les hace pensar que en Colima, nomás porque juezas y jueces lo solicitaron, el Instituto Electoral del Estado de Colima dejará de hacer las elecciones para ahorrarse recursos.
La elección, tanto para jueces federales como locales, se hará en junio de este 2025; pedir que se realice en el 2027 es un sinsentido que sólo exhibe la ambición de juezas y jueces que no quieren perder el cargo y el sueldo.
La petición a los diputados del Congreso del Estado, sin embargo, es tardía; para tomar en cuenta su opinión o sugerencias se realizaron foros y mesas durante todo el año pasado, pero ellos, como los magistrados Bernardo Salazar Santana y Miguel García de la Mora, prefirieron acudir a manifestaciones de repudio a la reforma al Poder Judicial.
Ellos creyeron, en todo caso, que la reforma judicial no llegaría a Colima tan pronto; incluso tuvieron la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la desechara para que todo siguiera igual.
Los ministros de la Corte, como Norma Piña y el bloque que la acompañó durante su presidencia, perdieron la batalla frente al gobierno federal y no pudieron defender su autonomía ni sus privilegios.
Ahora les toca acatar una disposición legal, que dice, ciertamente, que en junio del 2025 se llevarán a cabo elecciones extraordinarias para renovar la totalidad de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y de las juezas y jueces del Poder Judicial que estén en funciones.
Lo demás es demagogia: las juezas y jueces tuvieron tiempo de sobra para presionar y convocar a foros para defender sus posturas.
Ahora tendrán que acatar.