POR Jorge Octavio González
En tremendo problemón está metido el coordinador general de Comunicación Social y director general de Asesores del gobierno del Estado, Miguel Ángel Vargas Vaca, al serle descubierto en estas páginas el conflicto de interés en el que incurrió al otorgarle un contrato y, además, incrementarle el presupuesto a la empresa donde laboró para hacer su programa Informe 24.
A este gobierno, como al federal, le importa un comino la ley. “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, dijo en una ocasión Andrés Manuel López Obrador. Así, pues, sus empleados en los gobiernos estatales y en los congresos locales lo imitan a la perfección, sin darse cuenta que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos.
AMLO, en la fase final de su vida, es probable que no alcance a ser procesado por los delitos que ha cometido en su sexenio; muchos de ellos los ha confesado en sus conferencias de prensa mañanera. Su problema de salud ya no le da para más; por eso está enojado por haber pedido en el 2006, debido a que hoy estaría en su tercer periodo presidencial, dejando todo un legado para sus sucesores, que no son otros más que sus hijos.
El problema con los diputados y secretarios de la administración estatal de Colima es que no están en la fase final de sus vidas, sino que tienen una edad considerable que les puede permitir vivir al menos otros 30 años más.
Ellos, esos sí, al concluir sus periodos (algunos en menos de dos años y otros, si logra terminar su sexenio Indira Vizcaíno, hasta el 2027) tendrán que explicar todo lo que hicieron cuando estuvieron al frente de sus responsabilidades. Violar la ley continuamente, avasallar a la oposición y blindar a su jefa de toda crítica y rendición de cuentas es algo de lo mucho que tendrán que explicar en poco tiempo.
Diputados como en su momento Viridiana Valencia Vargas y ahora Isamar Ramírez, así como funcionarios como Eduardo Jurado Escamilla, Guadalupe Solís Espinoza, Marisol Neri, Dulce Huerta Araiza, Fabiola Verduzco Aparicio (que ya reconoció desviar dinero como en el sexenio pasado con las cuotas de los trabajadores a IPECOL), Javier Pinto Torres, Rosi Bayardo, entre otros, estarán siendo sometidos a juicios políticos y penales por creer que podían violar la ley y salir impunes por la protección de la 4T.
También, por supuesto, está Miguel Ángel Vargas Vaca, quien se ostenta como vocero y asesor de la gobernadora del Estado. Por ahora puede estar tranquilo y acumular todo el dinero que pueda, pero tarde o temprano tendrá que enfrentar serias y acuciosas auditorías para explicar el uso discrecional que hace del presupuesto para otorgar contratos a medios amigos y socios.
Lo más reciente, sin embargo, fue el conflicto de interés en el que incurrió. De acuerdo al reportaje publicado ayer en PXPress, Vargas Vaca era socio de Grupo Audiorama Comunicaciones y Comercializadora Colima del Pacífico S.A de C.V y transmitía su programa de noticias, además de Estación Pacífico, en Súper 98.9 y XHEMAX 105.3, que pertenecen a las empresas citadas con anterioridad.
Si bien es cierto el anterior florero de comunicación social le otorgó contratos a esas empresas para la transmisión de spots de campañas del gobierno del Estado, cuando llegó a la Coordinación General de Comunicación Socia debió excusarse, como lo señala el documento de la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés.
Tenía que actuar con base en el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que señala: Fracción XI: “Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referida formen o hayan formado parte”.
También tenía la obligación de “informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
No se excusó ni informó a su jefe inmediato, que en este caso es Eduardo Jurado Escamilla, por escrito; sencillamente le valió el clarísimo conflicto de interés y firmó el contrato CGCS-PM/055/2do/2022 donde solicitó los servicios de publicidad de spot de radio de 20” y 30” en un horario de 07:00 a 20:00 horas en la emisora XEHRL-Súper 98.9-Grupo Audiorama Comunicaciones- de la empresa Comercializadora del Pacífico S.A de C.V, para el periodo comprendido del 01 (uno) de junio al 31 (treinta y uno) de agosto de 2022.
Así de cínico: apenas el pasado 17 de diciembre del 2021, casi un año, anunció en su programa de radio que dejaba el periodismo para incursionar en el gobierno del Estado; el día que firmó el contrato fue en junio, apenas uno o dos meses antes de ser enviado a la Coordinación General de Comunicación Social. Ni siquiera cuidó las formas; simplemente firmó el contrato con Grupo Audiorama Comunicaciones y Comercializadora Colima del Pacífcio S.A de C.V e incluso le incrementó 15 mil pesos más, para pasar de 120 mil que tenía con el anterior titular a 135 mil pesos por transmitir spot en la estación XHERL Súper 98.9.
Miguel Ángel Vargas trabajó con esas dos empresas y transmitió su programa Informe 24 a través de sus emisoras de radio; como funcionario les otorgó contratos y aumentó el presupuesto. Pudo excusarse y no lo hizo; pudo informar por escrito a su jefe inmediato de la situación y no lo hizo. El jefe inmediato tendría que excluirlo o separarlo del procedimiento o cancelar el procedimiento; tampoco lo hizo.
¿Qué queda entonces? Unos funcionarios que, aun cuando la ley es clara y existen procedimientos para casos como el de Vargas Vaca y las empresas de radiodifusión, actuaron por la libre y otorgaron contratos a dichas empresas.
Como se dijo líneas arriba: puede que en estos momentos estén tranquilos, pero volveremos con el tema en el 24, cuando sean citados para aclarar este y muchos otros casos más.