POR Jorge Octavio González
Si un inútil e incompetente del que su padre reniega por no ser el hombre que esperaba asume la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Colima, es lógico que no haya resultados en el combate a la delincuencia.
En esta administración, en donde desde el 25 de enero del 2022 se desató la carnicería con la masacre en el CERESO de Colima, la violencia ha estado en los picos más altos jamás vistos en la historia de la entidad.
Y en lugar de delinear una estrategia que dé resultados, la Fiscalía de Colima se une a uno de las organizaciones criminales para brindarles protección a cambio de recursos y de hacer el trabajo sucio con los otros grupos criminales.
De acuerdo a los cables confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, dados a conocer por el colectivo Guacamayas, desde la oficina del mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez se protege a uno de los cárteles más poderosos de todo el país.
La información se dio a conocer por el hackeo de los activistas, pero no es una opinión de los enemigos políticos de la gobernadora ni de los conservadores, sino resultado de la inteligencia de la SEDENA que concluyó que se protege a un cártel y por eso el mini fiscal está clasificado entre la milicia como “no confiable”.
¿Y qué ha pasado después de darse a conocer dicha situación? Nada. Como todo en Colima: NADA. Indira Vizcaíno prefiere ver a otro lado en lugar de poner orden en su administración; no sanciona ni le llama la atención a los corruptos porque hace apenas una semana se dio a conocer que la mandataria estatal es la mayor CORRUPTA de Colima.
Y es que, según se desprendió de un reportaje publicado en Latinus, Indira Vizcaíno ha quitado más de 14 millones de pesos a los trabajadores de confianza del gobierno del Estado para financiar la ilegal campaña de Claudia Sheinbuam a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación.
Si alguno de sus colaboradores ha cometido alguna irregularidad, ella, en cambio, ha saqueado las finanzas peor que los gobiernos del pasado; lo ha hecho con un cinismo digno de estudio clínico, ya que lo hace a la vista de todos sin importarle lo que digan o sabiéndose impune en este régimen criminal que vino a gobernar México desde el 2018.
Ahora sabemos que no puede llamar a cuentas a nadie que ha sido señalado por cometer actos de corrupción porque ella, Indira Vizcaíno, ha birlado el sagrado salario de más de 2 mil trabajadores de confianza a los que les ha quitado más de 14 millones de pesos desde que asumió las riendas del gobierno del Estado.
Ella no puede destituir ni encarcelar a nadie porque no predica con el ejemplo; ella ha cometido los actos de corrupción más infames de toda la historia de Colima, dejando a los ex gobernadores de la era oscurantista y neoliberal como niños a su lado.
No podía ser diferente su postura en relación al mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez: es su ahijado y muy unidos cuando mantenían relación cercanísima con el corrupto Rogelio Rueda Sánchez, todo esto mientras Ramón se aguantaba la traición en aras de un bien superior, que era la gubernatura, en donde se le ha permitido hacer negocios al amparo del poder.
El mini fiscal no resuelve los crímenes de alto impacto ni le interesa; ahí están los asesinatos de Roberto Chapula de la Mora y los atentados en contra de la presidenta de Manzanillo, en donde ni siquiera ha capturado a los que ordenaron los asesinatos.
De Anel Bueno ni se diga: no se hizo nada en contra de sus asesinos pese a que la torturaron, la despedazaron y la enterraron en una fosa común como si fuera un animal. Ni siquiera eso les valió hacer justicia.
Delitos de alto impacto, como los crímenes políticos, siguen en la total impunidad. ¿Se imaginan cómo están las demás carpetas de investigación de la sociedad civil que ha denunciado asesinatos y desapariciones forzadas?
Mientras continúe este bueno para nada fiscal de Colima el crimen organizado seguirá gobernando.