POR Jorge Octavio González
Además de su sueño por ser gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno tenía otra obsesión que haría realidad una vez que asumiera la administración estatal: que los tres Poderes del Estado estuvieran presididos por mujeres, tal y como sucedió en el gobierno de Griselda Álvarez Ponce de León.
Mala operadora política como es, ese capricho no lo ha podido cumplir.
Ella llegó a ser la titular del Poder Ejecutivo, pero quien ordena y toma decisiones y mete a sus amigos a la nómina es Arnoldo Vizcaíno Rodríguez; en el Poder Legislativo logró imponer a Viridiana Valencia Vargas unos pocos meses, luego de que tuvo que salir por desgaste y llegó al relevo Armando Reyna Magaña.
En ese momento dos de los tres Poderes estaban en manos de hombres, y el Ejecutivo tenía poder tras el trono. Si no fuera porque el diputado tecomense asumió personalmente la defensa de su hijo, quien alcoholizado y a exceso de velocidad provocó un accidente en donde murió el taxista Carlos Castillo, el Congreso del Estado seguiría presidido por un hombre.
Al renunciar a la coordinación de la bancada de MORENA y a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, llegó Isamar Ramírez, una mujer sin experiencia y sin trayectoria, pero de la misma escuela del porro Vladimir Parra: atrabancados, generadores de odio y polarizadores; que sirven más para la grilla en las calles que en un área de gobierno.
Isamar Ramírez, por tanto, no es más que una simple marioneta que controlan desde Casa de Gobierno y asume la defensa del gobierno del Estado cuando los diputados de oposición suben a tribuna a exhibir las corruptelas y ocurrencias de Indira Vizcaíno Silva.
Un río de tinta, financiado desde el gobierno del Estado a través de contratos a sus medios, corrió a cargo de un grupo de “comunicadores” al servicio de régimen de Indira Vizcaíno, que estuvieron torpedeando durante meses a Bernardo Salazar Santana para impedir que nombrara a un sucesor a modo.
La embestida se dio desde la esfera personal hasta presuntas irregularidades del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Osafig, con lo que se tuvo la encomienda de doblar al todavía presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que la gobernadora lograra imponer a una de las suyas, que ya estaba siendo promovida desde las páginas de algunos medios afines a la administración y de un grupo de abogados que también le hicieron el trabajo sucio al gobierno para continuar con privilegios que de igual manera obtuvieron en el gobierno de Ignacio Peralta.
Tanto golpeteo y saña contra Bernardo Salazar, sobre todo porque detrás venía información privilegiada sobre los asuntos del Poder Judicial y contratos por cientos de miles de pesos a los medios amigos, hubiera significado la aniquilación total de Bernardo Salazar y la imposición de Lilia Hernández Flores.
Pero no sucedió así. Si bien Salazar Santana tenía la intención de imponer a Leticia Chávez Ponce como primera opción y a Sergio Marcelino Bravo como opción de segunda mesa, que no haya salido designada Lilia Hernández fue una derrota de Indira Vizcaíno Silva, más que un logro por no haber impuesto sucesor el presidente saliente.
Tal vez el apoyo pasional e irrestricto de los medios al servicio del gobierno del Estado a Lilia Hernández Flores la perjudicó más que beneficiarla; como quiera que sea, Indira Vizcaíno no logró imponerla como presidenta del Poder Judicial, como a ella tanto le hubiera gustado, para que los tres Poderes, en estos momentos, estuvieran presididos por mujeres.
Juan Carlos Montes y Montes, aun cuando no era la opción de Bernardo Salazar, tampoco era la de Indira Vizcaíno; que no haya logrado imponer a la magistrada de reciente ingreso como presidenta debe haberle causado alegría a Salazar Santana, pues al final de cuentas el magistrado, hasta donde se conoce, no es incondicional ni servil al poder.
Y si así lo hiciera, desde estas páginas lo estaremos denunciando con todo el rigor y dureza que se requiera. De Juan Carlos Montes y Montes se espera un trabajo aceptable y alejado de la corrupción y los excesos que caracterizaron a Bernardo Salazar en su periodo como titular del Poder Judicial. Y que no sea un abyecto de la gobernadora será un plus con el que podrá ejercer su mandato el nuevo presidente del STJE.
Respecto a los cientos de miles de pesos que se gastaron desde el gobierno del Estado para financiar campañas en medios que nadie lee y que no trascienden más que en un privilegiado círculo de analistas y serviles al poder, mejor deberían utilizarlo en otras cuestiones, y no seguir haciendo el ridículo como lo ha venido haciendo Miguel Ángel Vargas Vaca, al que le espera una auditoría rigurosa cuando la composición política de Colima cambie, que será más pronto de lo que se cree.