POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Con el reportaje presentado por Carlos Loret de Mora ayer en Latinus queda comprobado que Indira Vizcaíno no es más que una simple y vulgar amante del dinero y una corrupta.
En la primera entrega se reveló que la mandataria ordenó a sus subalternos quitarle 200 pesos cada quincena a los más de 2 mil trabajadores de confianza del gobierno del Estado para financiar de manera ilegal la campaña de Claudia Sheinbaum.
Hoy, sin embargo, la pieza periodística es más profunda y detalla cómo varios funcionarios de la administración estatal utilizaron recursos públicos y vehículos oficiales para trasladarse a Jalisco a hacer labor proselitista y a amenazar a los beneficiarios de los programas sociales con que tendrían que votar por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México para no retirarles los apoyos.
No es sorpresa que entre los señalados por estar violando la ley electoral esté un protector de acosadores sexuales y otro encarcelado por vender droga a los adolescentes: Francisco Javier Pinto Torres y El Tecolín Memo Toscano Reyes, subsecretario del Trabajo del gobierno del Estado y regidor del ayuntamiento de Villa de Álvarez, respectivamente.
Con menor calidad moral estaba Vladimir Parra nada más y nada menos que como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Colima, señalado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del CEN de MORENA y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima como agresor de mujeres y generador de violencia política en razón de género.
Los funcionarios que hablaron para el medio Latinus dieron santo y seña de cómo se ha estado desviando dinero del gobierno del Estado para favorecer a Claudia Sheinbaum y que todo esto sucedía con el conocimiento y venía de la propia mandataria Indira Vizcaíno.
Uno de ellos dijo que este método de corrupción sería imposible que se los pidieran sus jefes si no tuviera la autorización de la gobernadora de Colima; esto demuestra que la corrupta número uno y principal beneficiaria del desvío de recursos es Indira Vizcaíno Silva.
Todos los trabajos periodísticos que se han realizado sobre la corrupción de Indira y de sus funcionarios es descalificado de antemano porque aducen que no son iguales a los de antes; salen con la narrativa de que son ataques políticos y que si hay alguna irregularidad denuncien ante las instancias correspondientes.
¿Cuáles? ¿La Contraloría General del Estado de Colima, con Isela Uribe Alvarado al frente? ¿La Fiscalía General del Estado de Colima, con un cobarde y sinvergüenza Bryant Alejandro García Ramírez, señalado en los cables confidenciales de la SEDENA filtrados por Guacamayas como protector de uno de los cárteles que opera en la entidad? ¿A ellos quieren que acuda la sociedad para denunciar?
Este entramado de corrupción y violación a la ley electoral, catalogado en la Constitución a petición de MORENA como un delito grave que amerita cárcel, exhibe de nueva cuenta a Indira Vizcaíno y a sus funcionarios en prácticas que prometieron desterrar una vez llegando al gobierno del Estado.
Nos queda claro que la gobernadora llegó para robar, para adquirir casas de millones de pesos, para hacer negocios al amparo del poder y para robarle el sagrado salario a los trabajadores de confianza del gobierno del Estado para financiar un proyecto político que a cambio le ofrecerá impunidad en el próximo sexenio presidencial.
Hace más de tres meses Indira Vizcaíno tendría toda la razón en cometer delitos electorales y actos de corrupción, porque parecía que Claudia Sheinbaum llegaría a la presidencia de la República sin mayor problema.
Hoy, sin embargo, el escenario cambió con la nominación de Xóchitl Gálvez como la coordinadora del Frente Amplio por México; tanto cambió el tablero político en México que en Palacio Nacional ya dudan en imponer a Sheinbaum, que no tiene carisma, es pésima candidata y no creció en este proceso de simulación que tenía como objetivo beneficiarla para que fuera la candidata de MORENA.
Indira Vizcaíno debería estar preocupada. Muy preocupada.