Indira ha normalizado la corrupción en su gobierno

POR Jorge Octavio González

Apenas lleva dos años en el gobierno de Colima y la mandataria Indira Vizcaíno ha tolerado y fomentado la corrupción en su gobierno como nadie de sus antecesores lo había hecho.

Desde los empleados que puso a cobrar como asesores con sueldos exorbitantes, pasando por los contratos millonarios a empresas de fuera en detrimento de las de Colima, las adquisiciones directas para su proveedora consentida Adriana Julieta Aguirre Pérez y, más recientemente, los negocios que se han estado haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública del comandante Héctor Alfredo Castillo Báez.

Recapitulemos: uno de los últimos contratos que se le dio a Julieta Aguirre, sancionada con más de un millón de pesos por actos de corrupción en la administración de Mario Anguiano Moreno, fue el SPFYA/SSA/IRE-016-2022/DGAABS/DABS, firmado el 19 de julio de 2022, donde se le solicitó la adquisición de uniformes tácticos.

¿Para quién fue? Para Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en esta ocasión firmó como responsable el ingeniero mecánico naval Carlos Castro Trujillo.

Dos meses después de firmado el contrato arribó Alfredo Castillo Báez a la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, lejos de limpiar la casa de corruptelas y de los vicios que se venían dando con su antecesor, un bueno para nada que nomás dejó un río de sangre en la entidad, solicitó la contratación de los servicios de la empresa ARMY UNIFOMRES S.A de C.V.

Esta empresa, de acuerdo al reportaje publicado en PXPress, fue sancionada en el municipio de Zapopan, Jalisco, por incumplimiento en su contrato, por lo que se hizo acreedor a una sanción grave: la cancelación como proveedor del Ayuntamiento en todo lo que restaba de su administración.

Y también en el municipio de Armería tuvo problemas: aunque participó en una licitación y tuvo la mejor propuesta económica, se decidió por otra porque ARMY UNIFORMES no cumplía con los requisitos de calidad esperados por la administración municipal.

Así fue como argumentaron su decisión: “No obstante que esta empresa (G.S.P de Colima) nos presentó la propuesta más alta, cumplió con las especificaciones técnicas que nos garantizan el tener un mejor producto (uniformes y fornituras) que cuando menos tenga una vida útil de un año”.

Aunque la empresa en cuestión no tiene la mejor fama y ha tenido alrededor de 7 representantes legales a lo largo de su existencia, algo demasiado sospechoso, se le dio el contrato SPFYA/SSA/LP-012-2023/DGAABS/DABS/DGJ, con la licitación pública nacional con carácter presencial 06002-009-23, donde se obliga a proporcionar a El Poder Ejecutivo los uniformes tácticos para el personal operativo de la Policía Auxiliar del Estado de Colima, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del capitán Héctor Alfredo Castillo Báez.

Don Héctor Castillo, que se presume un hombre honrado y de palabra, hizo bien en ya no recurrir a los servicios de Adriana Julieta Aguirre Pérez por la estela de corrupción que se ha denunciado en los contratos que ha recibido de parte de Indira Vizcaíno; sin embargo, otorgarle contratos a ARMY UNIFORMES viene a ser lo mismo.

En el gobierno del Estado parece que la corrupción se ha normalizado, así como la violencia que sólo aumenta día con día; la gobernadora Indira Vizcaíno ha sabido de los actos de corrupción denunciado en los medios de comunicación, en mayor medida en PXPress, pero parece no importarle porque se cree impune y protegida por el gobierno de la República.

Ya llegará el 2025, cuando Indira Vizcaíno se someta a la ira y desilusión de la gente en la revocación de mandato; sólo hasta ese momento entenderá que su pésimo papel al frente de la administración estatal sólo ha provocado muertes, saqueos de las finanzas e impunidad para quienes fueron señalados por actos de corrupción en el pasado.

Indira no tuvo de otra más que protegerlos…porque amor con amor se paga.