POR Luis Fernando Moreno Mayoral
No es nuevo que la gobernadora Indira Vizcaíno viole la ley y se ría de la Constitución.
En junio de 2022 los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron inscribir a la mandataria de Colima en el catálogo de servidoras públicas sancionadas por violar el marco normativo electoral durante el proceso de revocación de mandato.
Para alguien que se dedica a las leyes esa sanción es una humillación equivalente a la de los agresores sexuales que quedan fichados en Estados Unidos y que no pueden conseguir un empleo por su falta.
Alguien que estudió una maestría en Derechos Humanos sin que nadie de su generación la viera acudir a clases es proclive a no atender a los familiares de las víctimas de la violencia y de las desapariciones forzadas; no es posible incluso que pueda tener empatía por quien lo ha perdido todo a raíz de la llegada de este gobierno criminal.
Indira Vizcaíno viola la ley y pisotea la Constitución de manera sistemática.
Así quedó demostrado cuando Latinus exhibió los alrededor de 14 millones de pesos que les han quitado a los más de 2 mil trabajadores de confianza del gobierno del Estado para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum.
Su respuesta fue de un cinismo propio de la mejor y consentida alumna de Rogelio Rueda Sánchez: en el gobierno del Estado no se hacen esas prácticas y si hay alguna irregularidad denuncien a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Una trampa en la que no cayeron los trabajadores: sí presentaron las pruebas para que los representantes de Movimiento Ciudadano hicieran las denuncias en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, donde sí son competentes para conocer de casos electorales.
El segundo golpe en el programa de Carlos Loret de Mola fue cuando documentaron el envío de funcionarios del gobierno del Estado a Jalisco para promover a Claudia Sheinbuam con recursos públicos y vehículos oficiales.
Indira Vizcaíno, envalentonada, se puso a desacreditar la información de Latinus y calificó de fantasioso el reportaje; Loret de Mola le reviró que lo expuesto en la pieza periodística no era un invento de ellos sino denuncias y declaraciones de sus propios funcionarios que exhibieron todas las pruebas de que los estaban obligando a cometer delitos electorales.
En la misma tónica, secundando a su jefa, el subsecretario de Administración, Víctor Torrero Enríquez, también se metió a la dinámica de insultos y descalificaciones al medio nacional y a PXPress, por darle seguimiento a las trampas que cometieron sus funcionarios del gobierno de Colima para favorecer a una de las aspirantes a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación.
Al margen de que el funcionario es un pobre diablo que se cree protegido por la gobernadora, aunque fue parado en seco por el líder sindical y lanzado al piso de un golpe por el secretario de Educación, lo cierto es que la reacción del aparato oficial a las denuncias que se están dando a conocer los tiene demasiado preocupados.
A petición de MORENA, los delitos electorales fueron clasificados como graves que ameritan cárcel; así lo aprobaron en la Cámara de Diputados y quedó plasmado en la Constitución.
La retahíla de denuncias que Movimiento Ciudadano y el PRI están interponiendo en contra de la gobernadora y sus funcionarios por delitos electorales ya provocó la primera baja en la administración estatal.
Se trata de César Guerra, quien desempeñaba el puesto funcional de Enlace Jurídico en la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC), gente que se incorporó a la campaña de Indira Vizcaíno a través de Francisco Javier Pinto Torres, ambos fundadores de Nueva Alianza.
Si este estercolero queda acreditado por una autoridad en materia electoral Indira Vizcaíno y los funcionarios involucrados en este esquema de corrupción para favorecer a Claudia Sheinbaum podrían ir a la cárcel.
De ahí la impunidad que necesita la gobernadora en el próximo sexenio federal.