POR Jorge Octavio González
La vinculación a proceso a Griselda Martínez Martínez y a Martha Zepeda del Toro se hizo porque existen elementos sólidos para continuar investigando los delitos que se les imputan.
Cierto es que, con toda la rabia del mundo, están saliendo los aplaudidores de la peor presidenta municipal que haya tenido Manzanillo a decir que esto se trata de una injusticia y de un acto político; están nerviosos porque saben que, si jalan más del hilo, pueden caer más cabezas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción interpuso las denuncias ante el Ministerio Público y una jueza determinó, después de valorar las pruebas todo un día en una audiencia que se llevó a cabo el martes, vincular a proceso a Griselda Martínez y a Martha Zepeda, así como a otros ex funcionarios y ex regidores de la pasada administración.
Los delitos en su contra no son cualquier cosa; se trata de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y violación a la ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos.
La jueza ordenó, además, retirar de sus cargos a las regidoras Martha Zepeda y a la priísta Sara Valdovinos.
Un error en la vinculación a proceso de Griselda Martínez es dejarla en libertad durante los tres meses que durará la investigación para que las dos partes aporten las pruebas que crean conveniente para su causa; la ex alcaldesa sí puede escapar del país en cualquier momento alegando persecución política.
El dúo Griselda Martínez-Martha Zepeda hizo, durante los seis años que estuvieron en el ayuntamiento de Manzanillo, lo que se les vino en gana: criminalizaron a la prensa y los llamaron chayoteros y corruptos cada vez que se les antojó —otros fueron proveedores que hoy en día las defienden y están en las sesiones para hostigar a los funcionarios municipales—, destruyeron programas que beneficiaban a la gente, le dieron la espalda a la sociedad cuando les reclamaban acciones en sus colonias y comunidades y se negaron a rendir cuentas de los gastos que comenzaron a salir a la luz cuando entró la actual administración.
Están en todo su derecho quienes exigen que sus autoridades den resultados y respuestas a los problemas del día a día, pero lo que hacía Martha Zepeda del Toro en las sesiones de Cabildo no era otra cosa más que hostigar, acosar y reventar las reuniones para generar atención de la gente y de los medios de comunicación.
Tan sólo el día de la audiencia, donde la vincularon a proceso, la regidora Zepeda del Toro increpó a la secretaria del ayuntamiento, Rocío Beltrán, quien, como suele pasar, le respondió de manera seca y le dio la espalda; ello fue utilizado por la emecista para decir ante sus seguidores que los funcionarios de la administración municipal así respondían a las inquietudes de la gente.
La presidenta municipal de Manzanillo ya no tendrá ese problema al menos los próximos tres meses; la cuestión es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá aportar elementos de prueba sólidos e irrefutables para que la jueza sancione a Griselda Martínez y a Martha Zepeda por los delitos que se les imputa.
De no ser así, sin embargo, Martha Zepeda regresará en plan revanchista y le hará la vida imposible a Rosi Bayardo y a los integrantes del Cabildo Municipal.
Ya ha habido casos que se han caído por la ineptitud de los funcionarios que deben integrar las carpetas de investigación; lo que menos le conviene al oficialismo y a la propia presidenta municipal es que las pruebas en contra de Griselda y Martha sean endebles y logren salir absueltas de los delitos que les achacan.
Porque una cosa es que Martha Zepeda utilice su celular para incomodar a la presidenta municipal y generar hostilidad en las sesiones y otra que, después de librar todas las acusaciones, regrese con rabia y coraje y se dedique única y exclusivamente a golpear a Rosi Bayardo y todo lo que proponga ante el pleno.
Y Griselda Martínez igual: no sólo hará publicaciones en redes sociales sobre lo mal que gobiernan en Colima y Manzanillo y cómo ella lo hizo mejor los seis años que estuvo en el poder, sino que ahora amenace con revelar información sobre presuntos vínculos criminales de la clase gobernante, como ya lo hizo durante la pasada campaña electoral, donde por cierto recibió una denuncia del señor Rubén Álamo por señalarlo como parte de una organización criminal y realizar actividades ilícitas.
De la defensa que hizo Movimiento Ciudadano a Griselda y a Martha después hablamos: dan pena ajena.