POR Jorge Octavio González
“El fiscal de Colima debe renunciar”, escribió en su cuenta de Facebook la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, el pasado fin de semana.
¡Fuera máscaras! Ya no se trata sólo de diferencias políticas o de estar jugando en grupos diferentes con miras al 2024; se trata de salvaguardar la vida de una persona, pero sobre todo de una mujer, que ha recibido dos atentados en los dos periodos que lleva como alcaldesa.
El mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez es un inepto e inútil, como es de todos sabido; la cuestión es que no puede estar en un cargo en donde su actuación u omisión o nexos criminales derive en el asesinato de personas y políticos.
El despectivo mensaje que escribió en la página de PXPress, en donde después se hizo del delito argumentando que lo habían hackeado, es sólo una muestra del odio que el funcionario de Indira Vizcaíno le tiene a Griselda Martínez.
Y de igual manera refleja lo que siente la gobernadora del Estado: no una rivalidad política sino personal; llega a tal grado su resentimiento que es capaz de operar para que se le retiren los escoltas que tenía y con ello las organizaciones criminales que intentaron asesinarla tengan más fácil su trabajo.
Bryant Alejandro puede estar en cualquier cargo de la administración pública que desee la gobernadora, si lo que quiere es mantenerlo en el presupuesto para tener ese nivel de vida que heredó de su ex jefe Efraín Angulo Rodríguez; a lo que no tiene derecho la mandataria es a ponerlo en un lugar en donde su trabajo sea cuidar a la sociedad colimense de la delincuencia organizada.
Si a García Ramírez lo enviaran a la subsecretaría de Turismo y retoma las actividades de su ex jefe y viaja con amigos y sobrinos, es algo que a nadie le importaría siempre y cuando no se robe un peso de las arcas del gobierno del Estado.
Pero ser el titular de la Fiscalía General del Estado de Colima es punto y aparte y no puede ser un botín del gobernador en turno para pagar favores políticos; mucho menos ahora que su pobre papel al frente de la carpeta de investigación del doble atentado a la presidenta municipal sólo ha servido para mantener en la impunidad a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Griselda Martínez dijo en su cuenta de Facebook sobre el mini fiscal: “Y debe ser llamado a cuentas porque su incapacidad (por decir lo menos) que deriva en falta de acceso a la justicia y en consecuencia genera impunidad, está provocando mayor violencia en el Estado de Colima. Él mismo es un violentador”.
Bryant Alejandro García Ramírez, para la presidenta municipal de Manzanillo, es un violentador y debe ser llamado a cuentas. Si así de frustrada se siente una presidenta municipal del mismo partido en el poder, cercana al presidente de la República y a generales de la milicia en México, ¿cómo se sentirán las miles de víctimas de la violencia en Colima que sólo ven pasar el tiempo sin que se les haga justicia?
Hay que dimensionar lo que está sucediendo; no es un dato menor. Quien escribe en las redes sociales que siente impotencia e indignación ante el mediocre desempeño del fiscal de Colima en el atentado en su contra es la presidenta municipal de uno de los puertos más importantes del mundo entero.
Y volvemos a lo mismo: si a una política de su nivel la marginan de las investigaciones y son capaces de retirarles los escoltas que tenía para su seguridad personal, en dónde queda la sociedad en general, que no milita en ningún partido, que no tiene ningún cargo público ni conoce a políticos.
Griselda Martínez habla por todos los que exigimos justicia: que renuncie el fiscal Bryant Alejandro García Ramírez por incompetente, por inepto, por inútil, por cínico y por tener nexos con el crimen organizado, como bien quedó consignado en los cables confidenciales de la SEDENA hackeados por Guacamayas.