POR Jorge Octavio González
Preocupantes las leyes que, en la más absoluta opacidad y sin debate alguno, aprobaron esta semana los diputados del Congreso de la Unión en donde le dan facultades a diferentes dependencias del gobierno de la República para espiar y censurar a los mexicanos.
Ya no sólo es la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión la que tenía el propósito de censurar contenidos en los medios y en las redes que no fueran del agrado del régimen actual; también la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia da atribuciones demenciales que ni siquiera en los peores tiempos del PRI tuvieron.
Sobre la Ley de Telecomunicaciones, sin embargo, se aprobó que todas las líneas de telefonía móvil tengan que ser registradas por los usuarios a través de una CURP que tendrá toda la información bancaria, médica y catastral de los mexicanos, algo que abre la puerta a que los autoritarios en turno puedan saber todos los movimientos de los ciudadanos.
Pero lo más lamentable es que la autoridad podrá saber la geolocalización de todos los mexicanos con celular; aunque argumentan que eso sólo podrá llevarse a cabo previo una orden judicial, lo cierto es que no especifica los límites para realizarse, pues cualquier sospecha o indicio de un presunto delito será suficiente para que se otorgue la autorización.
Los voceros del régimen, como los corruptos e impresentables Arturo Ávila, Andrea Chávez e Israel Zamora, justifican la ley con el artículo 183, que “establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
Lo que no dicen, porque saben que se les cae toda la narrativa de que no espían ni censuran, es que el registro de todas las líneas telefónicas, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, deberá estar en la Plataforma Central de Inteligencia (PCI) y de forma interconectadas todas las bases de datos.
¿Qué significa todo lo anterior? Que, ciertamente, todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen acceso a esa plataforma y no requieren de ninguna orden judicial para investigar los datos de los mexicanos, entre otros la geolocalización en tiempo real y los datos biométricos.
Tramposos, como suelen ser los diputados y senadores de MORENA, intentan engañar a la ciudadanía con narrativas mareadoras que esconden el verdadero objetivo: el gobierno de México quiere espiar y censurar a los mexicanos porque en estos momentos tienen todo el poder en sus manos y esperan generar las condiciones para no perderlo nunca.
De triste memoria los discursos incendiarios de prominentes morenistas, como Luis María Alcalde Luján, Pablo Gómez, entre otros, que cuestionaron severamente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por intentar aprobar leyes que les daban facultades para acceder a los datos privados de los mexicanos.
Hoy no sólo superaron a sus némesis políticos con estas leyes, aprobadas en menos de dos días, sin leer los dictámenes y en la madrugada, sino que, encima de todo, ahora no saben cómo justificar su actuar y se ponen a leer artículos ambiguos que sólo exhiben aún más su ignorancia.
Lo único que queda, para tratar de revertir este retroceso, es que los mexicanos en general reflexionen sobre la facultad que ahora tiene el gobierno de poder espiarlos y censurarlos y puedan alzar la voz para que no se consume tal atrocidad.
En los 80 nadie creía que alguna vez el PRI perdería el poder; hoy estamos viviendo la misma situación con políticos que se embriagaron de poder y ahora se aferran él como a un fierro ardiendo.