POR Jorge Octavio González
En el Congreso del Estado, como ha sucedido en las anteriores Legislaturas, no hay operadores con oficio político ni auténticos constitucionalistas; sólo hay levantadedos que acuden al Poder Legislativo a cobrar sus grandes emolumentos.
Recientemente, de acuerdo a la información, los diputados aprobaron una reforma que otorgaba a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa su permanencia en el cargo; dicha reforma fue vetada por la gobernadora de Colima.
Y es que, si en la reforma al Poder Judicial se desterró que los magistrados permanecieran en sus cargos hasta su muerte o jubilación, sería un sinsentido que en Colima, concretamente en el TJA, los magistrados sí gozaran de dicho privilegio.
Magistrados como Bernardo Salazar Santana o Miguel García de la Mora, por ejemplo, tenían el estatus de inamovibles; esto significa que estarían en sus cargos, ganando sueldos estratosféricos, hasta que alguno de ellos se le diera la gana jubilarse o hasta que murieran.
Jóvenes los dos, no por ello menos mañosos, su vida útil sería de al menos otros 30 años más; lo anterior abarcaría unos cinco sexenios, con todas las redes de complicidad y de interés que hubieran generado es todos estos años.
La gobernadora Indira Vizcaíno, sin embargo, vetó parcialmente la reforma aprobada por los ignorantes diputados de la 61 Legislatura; ella argumentó que “la inamovilidad judicial es una prerrogativa que no puede extenderse a órganos de justicia administrativa mediante una disposición de carácter legal”.
¿Quiénes integran en estos momentos el Tribunal de Justicia Administrativa? El júnior porrista de José Ignacio Peralta Sánchez, Andrés Gerardo García Noriega, quien funge nada más y nada menos que como presidente; también Norma Araceli Carrillo Ascencio, Mónica Liliana Campos Magaña, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Francisco Miguel Urzúa Borjas.
Todos ellos, por supuesto, permanecerían en su encargo otro periodo gracias a la generosidad de los diputados que, en su absoluta ignorancia, no tuvieron el cuidado de analizar cada detalle de la reforma y aprobaron algo que después vetó el gobierno del Estado, dejándolos en el más absoluto de los ridículos.
¿En serio nadie de los diputados, de todas las fracciones políticas, se dio cuenta de este pequeño detalle? ¿O así lo aprobaron, como siempre lo hacen, sin leer los dictámenes? Que la gobernadora del Estado vete una reforma de esta manera sólo los hace ver a los diputados como unos analfabetos que ni siquiera leen lo que aprueban; si alguno de ellos tuviera vergüenza renunciaría a su cargo, pero eso no va a suceder.
Si en el gobierno del Estado no hubieran advertido el error de la permanencia de los magistrados, personeros como el júnior Andrés Gerardo García Noriega, un pésimo abogado que se arrodilló ante el pasado gobierno priísta, seguirían en el Tribunal de Justicia Administrativa por muchos años más.
Quedó claro que en el Congreso del Estado tienen a un director de asuntos jurídicos que no sirve para nada; de igual manera ninguno de los diputados de la 61 Legislatura cuenta con asesores jurídicos que les hagan ver lo que pretenden votar.
Con este error de principiante, sin embargo, la consejería jurídica del gobierno del Estado tiene la obligación de revisar con lupa todas las reformas y leyes que aprueben en el Congreso del Estado, todo con el objetivo de que no vaya a aparecer otro error que, por ignorancia o por negligencia, cometan los diputados locales.