POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Quedó demostrado que la Fiscalía General del Estado de Colima emplea técnicas de terrorismo psicológico a la gente que denuncia la desaparición de algún familiar con el pretexto de que algún comentario en redes o declaración en medios puede entorpecer su trabajo.
No es exclusivo de Colima que el inútil y cobarde Bryant Alejandro García Ramírez ordene personalmente o delegue a sus empleados que obliguen a la gente a bajar videos o que dejen de salir a los medios a hacer manifestaciones.
Con la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno pasó exactamente lo mismo: funcionarios de la Fiscalía de Jalisco exigieron a los padres que ya no estuvieran dando entrevistas a los medios de comunicación ni externaran su sentir sobre el secuestro de sus hijos.
No es raro ni anormal, pues, que suceda ese tipo de autocensura para quienes han denunciado ser víctimas de algún delito; aunque ha quedado demostrado que el cierre de vialidades y la exigencia a través de medios de comunicación y redes sociales sí ha dado resultados.
A la Fiscalía de Colima no hay que tenerle miedo, pese a que, de acuerdo a los cables confidenciales de la SEDENA difundidos por Guacamayas, protegen a uno de los cárteles que opera y domina en la entidad; a la institución a cargo del sinvergüenza e inmoral mini fiscal hay que presionarla por todos los medios posibles para que se pongan a hacer su trabajo.
Ahí está, por ejemplo, el doble atentado contra la presidenta municipal de Manzanillo: aun cuando fue escándalo nacional y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se llegaría hasta las últimas consecuencias, no hay un solo detenido por este hecho.
No hay nadie que dé información acerca de la persona o grupo político o criminal que dio la orden de asesinar a Griselda Martínez Martínez. No hay esa certidumbre.
En el caso de Indira Vizcaíno no existe confusión: uno de los que recibió la orden de asesinarla lo confesó y delató a la organización criminal. E incluso por qué: debido al incumplimiento de acuerdos que se hicieron en la campaña para llevarla a la gubernatura del Estado.
Sucede lo mismo con Ciro Gómez Leyva: a 8 meses de que intentaron matarlo, no sabe quién ordenó desaparecerlo. De ahí que haya acudido a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y pueda haber algún avance.
Así está Griselda Martínez: sin saber quién la quiso matar y por qué.
Pero en la Fiscalía General del Estado de Colima no les preocupa en lo más mínimo ese asunto; tan no les interesa que el miserable Bryant Alejandro García Ramírez ha sido capaz de incurrir en violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal sin que hasta el momento sea reconvenido por quien se ha autodefinido como la gobernadora más feminista que haya tenido Colima.
Y la pregunta sigue siendo la misma: si a una presidenta municipal, del mismo partido en el poder y amiga personal del presidente de la República no le han podido hacer justicia en los dos atentados que ha sufrido, qué puede esperar cualquier persona que acude a la Fiscalía de Colima a interponer una denuncia.
Primero la burla de las autoridades, que prefieren darse la gran vida en lugar de trabajar; después hacer caso omiso a la denuncia y dejar que se empolve la carpeta, pues los responsables pueden ser los del cártel que protegen y cuidan a cambio de millones de pesos que han recibido, esto también de acuerdo a las declaraciones de integrantes de grupos criminales que han exhibido al mini fiscal y a la gobernadora de tener esos nexos con la delincuencia.
En la Fiscalía de Colima y en el gobierno del Estado hay un nido de criminales que sólo se protegen entre ellos mismos sin que les preocupe la sociedad en general.