POR Luis Fernando Moreno Mayoral
La revelación del pacto de impunidad entre Indira Vizcaíno y José Ignacio Peralta Sánchez, hecha hace poco más de un año por Roberto Chapula de la Mora, desencadenó una serie de atrocidades en contra del diputado, entre ellas su asesinato a las afueras de su domicilio (aquí el video de PXPress: https://fb.watch/keC9aNSR5R/).
Mencionó que Julio Scherer, entonces poderoso consejero jurídico de la presidencia de la República, intervino para exonerar a Vizcaíno Silva por el caso Altozano y se diera por concluido el expediente.
A cambio de ello, dijo el legislador del Verde Ecologista, se hizo el pacto de impunidad entre el gobernador saliente y la entrante para que no hubiera sanciones. “Y vamos a verlo”, predijo hace más de un año.
¿Qué ha sucedido? Que, en efecto, no hay una sola denuncia interpuesta en contra de Ignacio Peralta que esté judicializada ni existe la posibilidad de que en el corto plazo se haga. Lo que sí hay, en cambio, es una persecución en contra de Carlos Arturo Noriega García para amedrentar a Margarita Moreno y orillarla a que se retire de la contiende en el 2024 para dejarle el campo libre a Viri Valencia, mujer indolente y detestable hasta por su propio personal.
El precio que pagó Roberto Chapula de la Mora por revelar el pacto de impunidad entre Indira Vizcaíno y Nacho Peralta fue muy alto: su vida.
Hoy, de nueva cuenta, sale a relucir el pacto de impunidad en el Congreso del Estado. Héctor Magaña, diputado del PRI, retomó las palabras de Chapula de Mora y dijo que todo parece indicar que es cierto el pacto porque, a más de año y medio de iniciar la Legislatura, no hay una sola sanción para el ex gobernador ni mucho menos la devolución del dinero que dicen que se robó.
La respuesta de MORENA, a través de la rupestre Isamar Ramírez, fue lamentable: dijo que hasta ahora están pidiendo una fiscalización a los años 2018, 2019, 2020 y hasta octubre de 2021 del gobierno del Estado porque apenas concluyó el proceso de revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo del ex gobernador en su último año de gobierno.
Lo cierto, sin embargo, es que los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional, que son unos simples empleados de la gobernadora, comenzando por ese burro ignorante Armando Reyna, sólo están actuando como se les indica desde Casa de Gobierno.
No tienen autonomía ni independencia ni criterio propio; lo de ellos es la obediencia ciega y el servilismo al Poder Ejecutivo. Ante las contundentes declaraciones de Magaña Lara, sólo se escucharon descalificaciones e improperios sin sentido; no pudieron desmentir el pacto de impunidad porque, en efecto, no ha habido una sola denuncia judicializada en contra de Ignacio Peralta, ni siquiera la del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que, según Martín Flores Castañeda, es la más robusta y documentada de todas y es directa en contra del ex gobernador.
¿Por qué no se ha judicializado la del líder sindical ni la del entonces director de IPECOL, también documentada y directa contra el ex mandatario? Por el pacto de impunidad.
Y en ese paquete de impunidad está Leoncio Morán Sánchez, que le entregó dos diputados a la bancada oficialista para que aprobaran lo que quisieran.
¿Romperán el pacto de impunidad los diputados? Aunque se ve improbable, dado que son empleados de la gobernadora del Estado, esperemos que sí suceda.
Héctor Magaña, en tanto, debe tomar todas las precauciones posibles sobre su seguridad; debe verse en el espejo del diputado Roberto Chapula de la Mora, quien por atreverse a denunciar el pacto de impunidad hoy es una estadística más de la violencia que azota la entidad.