POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Para haber sido vice fiscal de Procedimiento Penales de la Fiscalía General del Estado de Colima y vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el anuncio del reemplazo de Gustavo Adrián Joya Cervera fue opaco y, sobre todo, muy forzado.
Bryan Alejandro García Ramírez ordenó la publicación de un escueto comunicado en donde señaló que, “con base en sus facultades conferidas en la ley orgánica de esta dependencia, entrego el día de hoy, el nombramiento como Visefical de Procedimientos Penales al Licenciado en Derecho, Francisco Javier Almazán Torres, a quien el fiscal le pidió continuidad en las acciones que se llevan en esa área, además de compromiso, lealtad, honestidad en sus funciones y vocación de servicio” (Mega SIC por la pésima redacción).
Así nomás. Fue todo. Ni una sola mención a quien le precedió: Gustavo Joya. Nada de nada. Una verdadera puñalada del mini fiscal a quien, durante varios meses de esta administración, dio la cara por las burradas y errores cometidos por la dependencia y el propio gobierno del Estado en materia de seguridad.
Sólo para dimensionar lo que significaba el cargo que ostentaba el siniestro Gustavo Joya Cervera, en una de las últimas conferencias de prensa que ofreció, en donde habló justamente sobre las denuncias en contra de su sobrino por el fraude cometido a cientos de colimenses que confiaron su dinero en la empresa Axel Capital, se le salió decir que todas las querellas que llegaban a la Fiscalía del Estado pasaban por su escritorio, desde donde se canalizaban a las Mesas correspondientes.
En ese momento cavó su tumba. Si bien quiso hacer sentir que tenía un poder inmenso dentro de la dependencia, en el fondo regaló la excusa perfecta para separarlo del cargo: por conflicto de interés, en efecto, no podría intervenir ni inclinar una resolución a favor o en contra de su sobrino Axel Joya; sin embargo, sí tenía acceso a la información y sabía todo lo que contenían las carpetas de investigación, por lo que nada le impedía sustraerlas para proporcionárselas a los abogados de su familiar para que, con toda la alevosía y ventaja, pudieran preparar su defensa y salirse con la suya.
Pero no sólo tenía ese papel dentro de la Fiscalía General del Estado; también era la cara de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, que tenía la función de quitarle una carga a la gobernadora Indira Vizcaíno en el tema de los asesinatos, masacres, desapariciones y toda la ola de violencia generada justamente por sus compromisos incumplidos con las organizaciones criminales.
Por meses recibió toda una batería de cuestionamientos y reproches por la pésima estrategia de seguridad que se implementaba en el gobierno del Estado; también inició justificando las muertes de las personas exhibiendo públicamente sus antecedentes penales, generando la percepción de que todos los que estaban siendo asesinados en Colima de alguna u otra manera estaban vinculados a la delincuencia organizada.
El colmo fue cuando, junto con el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Peña Meza, dieron santo y seña de vicios y de relaciones criminales de un joven desaparecido y por el cual se realizó un bloqueo en el Libramiento Ejército Mexicano.
Cuando en PXPress exhibimos esa estrategia de criminalizar a quienes se reportaban como desparecidos, jamás volvió a hacer lo mismo; fue tan cínico que, cuando le hicieron una pregunta relacionada con uno de los implicados en un delito, respondió que no podía dar más información porque en este gobierno no se criminalizaba a nadie. Así de hipócritas.
Y también, cuando en este medio exhibimos que el mismo Peña Meza había amenazado a la sociedad con que podría pasar hasta 8 años de cárcel si hacían bloqueos a las vialidades, recularon cuando la mandataria estatal dijo que en su gobierno no se reprimiría a nadie ni mucho menos se encarcelaría a quien ejerciera su libre expresión de manifestación.
Aun cuando Indira Vizcaíno prometió que no serían represores, todos sabemos que la mandataria adolece de mitomanía: su propio padre, en una entrevista de radio con su porrista número uno, reveló que había una carpeta de investigación contra el “joto cabrón”, un joven ingeniero reportado como desaparecido, que generó un bloqueo al Libramiento en sus dos sentidos para ejercer presión. ¿Por qué tenía esa información? Porque es quien manda en Colima.
¿Por qué la Fiscalía General del Estado le dio ese trato a Gustavo Joya Cervera? ¿Por qué finalizar su carrera así? ¿Sí salió de la FGE o lo cambiaron de área? Si fue esto último, ¿en dónde está? ¿Ya se jubiló? Si fue así, ¿por qué tampoco lo anunciaron? Bryan Alejandro García Ramírez, con su escueto comunicado y sin hacer alusión al vocero de la muerte, le puso fin a una trayectoria de más de 20 años de Joya Cervera, quien por supuesto no debe estar nada satisfecho de ser echado de esa manera.
Pero así es este gobierno: desecha como basura a quien le sirvió lealmente, olvidándose que en algún momento tendrán el mismo final.