POR Jorge Octavio González
La Universidad de Colima trabaja con los medios de comunicación como patrón-esclavo; su área de comunicación social, cuyos integrantes nunca han estado en las redacciones de los periódicos, compra espacios e impone la agenda.
No hay profesionales de la comunicación; tampoco operadores políticos que resuelvan las crisis que de repente se suscitan. No. Ellos compran a los medios y la única condición es que no se les cuestione en lo absoluto.
La institución educativa tiene contratos hasta con los medios más críticos del gobierno del Estado, no sólo de la actual administración sino de las pasadas; a ellos ni siquiera les preocupa que sus adquisiciones golpeen al mandatario en turno, sino que no se toque la figura del rector.
Esta semana, sin embargo, en las instalaciones del Bachillerato #1 de la Universidad de Colima un grupo de personas logró burlar la seguridad de la institución y colocó una manta amenazante en donde advierten a un maestro universitario que se vaya de Colima por haberse propasado con una alumna menor de edad.
Ninguno de los medios de comunicación en la entidad cubrió ese hecho. ¿Saben por qué? Por lo siguiente:
En el 2022, cuando Christian Torres Ortiz Zermeño venía de emprender una campaña de golpeteo en contra de José Ignacio Peralta Sánchez por no pagar lo correspondiente a la Universidad de Colima, le dio a un solo medio de comunicación 1 millón 500 mil pesos, a otro le otorgó 600 mil pesos, pero lo que más destaca es que a uno que se dice libre y sin compromisos, hoy severo crítico de la mandataria estatal, le dio 348 mil pesos.
Pero en el 2023, cuando se supone que las finanzas ya estaban mejorando en la casa de estudios, a esos mismos medios les rebajó considerablemente el presupuesto, no obstante que también en el gobierno del Estado la situación era delicada y no había tantos recursos, por lo que los medios se vieron en serias dificultades.
Al que le daba 1 millón 500 mil pesos le dieron, de un plumazo, 549 mil 600 pesos; al que le daban 600 mil pesos, en el 23 le dieron 390 mil pesos, y al medio que se dice independiente, defensor de las causas sociales, le bajaron el presupuesto a 120 mil pesos, de los 348 mil que recibía al año.
Los demás medios, aun así, recibieron cantidades que oscilaban los 120 mil pesos hasta los 30 mil los más bajos, cobrando al mes la miserable cantidad de 2 mil 500 mensuales. Así de indignos algunos de los medios que se dejaron absorber por esos funcionarios universitarios que ven a la prensa como una mercancía a la que pueden alquilar para mentirle al rector sobre la realidad.
¿Qué no le dicen a Christian Torres Ortiz Zermeño? Lo que sucedió en las instalaciones del Bachillerato #1 de la Universidad de Colima: un maestro de su institución de propasó con una alumna menor de edad, y alguien de su entorno familiar fue hasta el edificio del centro educativo, burlando toda la seguridad que tienen en todos los accesos de la institución, y colgaron una manta amenazante.
El rector no vio nada de eso en los medios de comunicación, por lo que para él la situación no existió, aun cuando esté de por medio la dignidad de una menor de edad y la vida de uno de sus profesores, al que amenazaron con quemarle la casa a sus papás si no huye de Colima.
Todo eso, por supuesto, ante la inacción de la pomposa Unidad para la Atención a la Discriminación y a la Violencia de Género, a la que debieron acudir en primera instancia para detener el escándalo mediático; como no sucedió así, y es probable que no le hayan hecho caso a la muchacha o que ésta no les tuviera confianza, alguien cercano a la estudiante se adelantó y lanzó la amenaza velada para que se dieran por enterados.
¿Y dónde estaban, además, los vigilantes que tienen en todos los accesos de la Universidad de Colima, en esa medida fascista que adoptaron hace años para no dejar ingresar a miembros del crimen organizado que estaban infiltrando y reclutando alumnos para vender droga entre los maestros y estudiantes y pretendían tomar la casa de estudios?
Nada. Igual que el rector. Y aunque continúa esa medida totalitaria para negar o permitir el acceso a los alumnos al campus universitario, de nada ha servido porque, evidentemente, saben cómo burlar la seguridad al interior de la institución.
Y el caso del maestro del Bachillerato #1 no es el único; hay más en las mismas condiciones y la bomba puede estallar cuando los padres de familia se harten de enterarse por redes sociales de lo que sucede con sus hijos, mientras el área de comunicación social de la Universidad de Colima acalla a medios para que no hablen de ese tipo de temas y mantengan contento al rector.
La bomba va a estallar tarde o temprano. Advertidos están.