POR Jorge Octavio González
Para que quede demostrado que la Universidad de Colima no es una institución que vela por la seguridad de las mujeres, basta ver el nulo trabajo que ha llevado a cabo la Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género.
De entrada los datos que tenía disponibles (ya no aparecen) son hasta agosto del 2022; queda pendiente septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año y todo el 2023 y lo que va de este 2024.
¿O acaso después de agosto del 2022 ya no se registraron casos de acoso laboral y sexual en la Universidad de Colima? De acuerdo a los casos que hemos dado a conocer, sí.
Pero sigamos con los datos de la propia institución respecto a su actividad:
“Se han presentado 109 quejas, de las cuales 32 fueron dictaminadas como de no violencia de género, cuatro se presentaron en contra de personas externas a la comunidad universitaria y en tres las personas denunciantes se desistieron”.
No dice, ni detalla, por qué determinaron, de 109 quejas, 32 como “de no violencia de género”. ¿Qué criterios se tomaron para que 32 mujeres, entre alumnas menores de edad y personal administrativo de la institución educativa, hayan recibido un desaire en su queja y la hayan determinado como de no violencia de género?
El reporte dice que cuatro quejas se presentaron en contra de personas externas a la comunidad universitaria. ¿Y eso qué significa? ¿Los acosadores, entonces, se metieron al campus de alguna escuela y acosaron a las alumnas? ¿Es así? ¿O qué quieren decir con que esas cuatro personas acusadas son externas de la comunidad universitaria? ¿Y la seguridad de la U de C? ¿Para nada sirve?
Tres mujeres se desistieron. ¿Por qué? Tampoco dice. ¿Presiones, amenazas? No se sabe. Lo cierto es que, para desistirse de la queja, con todo el valor y la estigmatización que ello conlleva, debe haber sido algo muy fuerte. Otra vez: una amenaza de parte de los directivos o del propio acosador puede ser una razón. ¿Y las autoridades? Bien, gracias.
Siguen los números de la pomposa Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género de la Universidad de Colima:
“Se ha rescindido a dos docentes y a otros cuatro no se les ha renovado su nombramiento. A 12 docentes se les ha recomendado la asistencia a capacitaciones”.
“Se han impartido 22 charlas sobre el protocolo para la atención integral de la violencia de género a integrantes de la comunidad universitaria”.
“Se han tenido tres participaciones en las jornadas académicas organizadas por la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico”.
¿A poco sólo dos maestros fueron despedidos? ¿Nada más? A ver: hubo 109 quejas, de las cuales 32 desairaron por considerarlas de no violencia de género; esto significa que quedan 77 quejas que, ciertamente, no dicen qué sucedió con ellas.
De esas 77 hay que quitar otros cuatro a los que no se les renovó su nombramiento. Quedan, entonces, 73. ¿Y todavía nos dicen que sólo se castigó a dos con el despido y a cuatro con la no renovación de sus nombramientos? Algo no cuadra, desde luego.
Hay 73 quejas que quedan en el limbo. ¿Qué pasó con esas? Lo único que puede desprenderse es que los cubrió el grandísimo manto de la impunidad que suele ser práctica común en la Universidad de Colima, más ahora en el periodo de Christian Torres Ortiz Zermeño, que ha demostrado ser un cínico y mitómano, pues los resultados de su Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género son realmente vergonzosos.
Pero además, hay que resaltarlo, estas estadísticas ni siquiera está actualizadas; son hasta agosto del 2020, como si lo que hubiera pasado después no existiera para el rector y sus empleados de la Unidad que sólo encubre los casos de acoso laboral y sexual en contra de alumnas, la mayoría menores de edad, y personal administrativo.
No cabe duda que la rectoría de Christian Torres Ortiz es la peor enemiga de las mujeres.