POR PXPress
𝐒𝐈 𝐂𝐑𝐄Í𝐀𝐍 𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐋 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 de Vladimir Parra Barragán terminaba con la relatoría de hechos de la columna anterior, se equivocan; a eso hay que sumarle los actos de corrupción cometidos durante su periodo como diputado local de MORENA y, por lapso de poco más de año y medio, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado. A reserva que el actual director de Ciapacov tendrá que explicar en su momento cómo es que se hizo de Gobierno Interno (él bien sabe a lo que nos referimos), lo cierto es que tuvo la oportunidad de oro de compensar su promesa incumplida de rebajarse el sueldo a la mitad una vez que llegara como representante popular: mientras estuvo a cargo de los recursos del Poder Legislativo, cada quincena se tomaba una foto con un beneficiario de la mitad de su salario, toda vez que, según él, nunca hubo consensos al interior del H Congreso del Estado de Colima para rebajárselo. De esa manera, sin embargo, equilibraba la balanza para no quedar ante la opinión pública como el mentiroso y farsante que es: no se bajó el sueldo como tal pero sí “donaba” la mitad de su salario a organizaciones que requerían apoyos. Todo eso, por supuesto, fue una monumental mentira. Explicamos: si hacen una revisión de los apoyos que daba cada quincena, caerán en la cuenta de que inició desde que asumió Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pero de igual manera concluyó ese “desinteresado altruismo” cuando fue echado a patadas del cargo que recayó en Carlos Cesar Farías Ramos. Fue el propio diputado del Partido del Trabajo el que se encargó de desvelar, de manera dosificada, la trama de corrupción que empleó Vladimir Parra para mantener ese activismo de ayudar a organizaciones públicas y privadas y emprender una campaña de medios para posicionar su imagen con miras a las elecciones del 2021. LO PRIMERO fue la denuncia que hizo ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría del Bienestar, el 15 de septiembre del 2020, por la presunta operación indebida del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Congreso del Estado. 60 jóvenes, denunció el entonces diputado Farías Ramos, fueron adheridos al programa en cuestión, sin permiso y sin autorización, sin acuerdo parlamentario, por el tutor Vladimir Parra Barragán, cobrando una beca de 3 mil 500 pesos al mes durante los 17 meses que estuvo al frente de Gobierno Interno. Parte de los jóvenes inscritos en el programa fueron Karol Elizabeth Luna Aguirre y Alfonso Ramos Luna, hija y sobrina de la diputada Claudia Aguirre. Ignacio Toscano Gudiño y Nancy Toscano Larios, sobrinos de Memo Toscano, así como Adriana Morán García, hija de Locho Morán Sánchez. A la fecha, el caso duerme el sueño de los justos, tendiéndole un manto de impunidad a quien lo perpetró: Vladimir Parra Barragán. EL SIGUIENTE ACTO de corrupción, denunciado por Carlos Farías Ramos, fue el indebido cobro de 30 mil pesos cada mes por presidir la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, asumiendo que, como las demás Comisiones recibían un apoyo mensual, él también lo necesitaba, cuando sus funciones son totalmente diferentes (Gobierno Interno es una comisión administrativa y no una comisión permanente legislativa que tiene que contratar asesores y expertos para elaborar dictámenes sobre las iniciativas que se les turnan). Esto es: además de lo que percibía como diputado local y como coordinador de la fracción de MORENA, se sumaron los 30 mil mensuales que, por los 17 meses que se mantuvo al frente de la Comisión de Gobierno Interno, dieron un total de medio millón de pesos. Farías Ramos, ante esto, explicó que, luego de realizar la consulta técnica con la Dirección Jurídica del Congreso, se confirmó que “el recurso que se ha venido dispersando mensualmente, por concepto de presidir la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, no tiene sustento jurídico por ninguna forma vigente”, además de que es un “acto indebido, un acto administrativo que no debió haber ocurrido y que transgrede la Ley Orgánica y su Reglamento, y la legalidad a que los servidores públicos, principalmente los diputados locales, tenemos que someternos”. Luego de solicitar a Humberto García, director de Administración, Finanzas y Servicios Generales del Congreso del Estado, que indicara la forma para que ese recurso se reintegrara a las arcas del Congreso del Estado, se hizo el cálculo y se determinó que la cantidad a regresar ascendía a los 500 mil pesos. ¿Y qué creen que pasó? JAMÁS regresó ese dinero Vladimir Parra Barragán (𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐀𝐑Á)…
*Columna publicada el 19 de mayo de 2022.