POR Jorge Octavio González
En el gobierno más feminista de la historia de Colima, como tanto le encanta presumir a Indira Vizcaíno, el viernes pasado masacraron a una niña de 13 años en el municipio de Cuauhtémoc.
La noticia, como siempre, se dio primero a conocer a través de los medios de información; más tarde la Fiscalía General del Estado de Colima envió un comunicado señalando que abrirían una carpeta de investigación sobre el feminicidio en la comunidad de El Trapiche.
Pero, ante la desinformación que estaba imperando en las redes sociales tras el horrible asesinato de una menor de edad, la gobernadora exigió en sus redes sociales, algo inusual en ella, que nunca ve por las víctimas de la violencia, que se castigara al responsable del lamentable hecho.
El mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez, en conferencia de prensa, fue tan imprudente que se fue de lengua y aseveró que el presunto asesino de la niña era nada más y nada menos que su padre.
Ese cobarde y corrupto funcionario le puso una diana en la espalda a quien apenas era señalado, mas no juzgado, como el asesino.
En los grupos de WhatsApp, que son más eficientes investigadores que en la Fiscalía de Colima, comenzaron a circular imágenes del padre de la niña acompañado de mensajes de odio en su contra.
Era cuestión de tiempo para que algo sucediera. Y sucedió: de nueva cuenta, los medios reportaron antes que las autoridades el fallecimiento del señor a manos de agentes de la policía.
Y justo cuando surgían diversas hipótesis de cómo habría muerto el padre de la niña, la Fiscalía General del Estado de Colima se adelantó a dar su versión de los hechos y ordenó a los medios a su servicio que publicaran el comunicado sin modificarle una sola coma.
¿Qué decía el comunicado de la FGE? “La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informa que el presunto responsable del feminicidio de una adolescente en el municipio de Cuauhtémoc, fue abatido cuando buscaba evitar ser capturado”, se lee en el primer párrafo.
Y añadieron: “cuando se tuvo a la vista el vehículo que coincidía con las características y las placas de la persona que se buscada, se le marcó el alto, lo que no acató. Más adelante atacó con disparos de arma de fuego a los elementos estatales, quienes repelieron la agresión y el presunto responsable perdió la vida en el lugar de los hechos”.
Esta versión es muy conveniente para las autoridades porque justifican el asesinato del padre de la niña de 13 años muerta por dos balazos. ¿Por qué? Porque, ciertamente, ya no tienen que comprobar que el señor era, en efecto, el asesino de la menor, además de que se ahorran una denuncia por las acusaciones del mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez.
Otra versión, también difundida ampliamente en redes sociales, habla que el señor, en efecto, se estaba escondiendo tras ser acusado irresponsablemente por el Fiscal de Colima; cuando ya no tuvo escapatoria quiso entregarse para dar su versión de los hechos, pero los agentes dispararon cuando sacó su arma para dejarla en el piso y después alzar las manos en señal de rendición.
Si el presunto asesino estaba acorralado, sin salida alguna, por qué los policías, que se supone están entrenados para manejar este tipo de situaciones de crisis, dispararon a quemarropa en lugar de herirlo o contenerlo.
¿Se dieron cuenta, demasiado tarde, que el señor no era el asesino de la niña de 13 años de edad? ¿Quisieron, al acallarlo, proteger al inútil y sinvergüenza del mini fiscal? Ya no lo sabremos.
Lo cierto, sin embargo, es que el manejo de este caso fue pésimo desde el primer momento: la narrativa la impusieron los medios en redes sociales, la gobernadora exigió que se castigara al responsable del feminicidio, el mini fiscal reveló que el autor del crimen era el padre y minutos después los agentes policiacos asesinaron al prófugo sin darle la oportunidad de rendirse y llevárselo al Ministerio Público.
Indira Vizcaíno, tras conocer la noticia del fallecimiento del padre de la niña, celebró que sus policías hayan abatido al presunto criminal; la indolencia de la gobernadora es digno de análisis clínico.
Cierto es que, aunque aparentemente se cerró el caso con la muerte del señor, los señalamientos irresponsables de Alejandro García Ramírez, además de la presión de Indira Vizcaíno por castigar al responsable, llevaron a que perdiera la vida en circunstancias poco claras. Aquí hay responsables de la FGE y del gobierno del Estado que deben ser sometidos a la ley.
¿O a poco creen la versión de la Fiscalía de Coima, que se ha caracterizado por mentir y ocultar información, amén de proteger a uno de los cárteles que opera en la entidad, de acuerdo a los cables confidenciales de la SEDENA filtrados por Guacamayas?
Exacto.