POR Jorge Octavio González
El 8 de marzo por la noche la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió un comunicado en donde condenó las agresiones que sufrieron “niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y parte de la sociedad colimense” tras el caos que generaron grupos de mujeres infiltradas en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
El organismo a cargo de Roberto Ramírez reprobó “la clara agresión a la libertad de manifestación de todas las mujeres que participaron en la marcha conmemorativa por el 8M; misma que se dio a través de diferentes actos que dañaron a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y cientos de personas manifestantes que salieron a las calles a emitir un grito de auxilio, clamando atención, seguridad y justicia”.
Al margen de la atropellada redacción del comunicado y la reiterativa utilización del desdoblamiento de los sustantivos que, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, “son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico” y “va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas”, el ombudsman colimense fue tajante en su petición:
“Este Organismo Protector (sic) en respuesta a los hechos suscitados, exigen la renuncia o destitución de quien dio la orden de que se ejecutaran los actos de represión e intimidación”.
Sobra decir que, no porque Roberto Ramírez lo exigió con toda la fuerza de su pecho, la gobernadora del Estado destituyó al subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, sino porque fue la decisión a la que llegó después de analizar los videos que circularon en redes sociales sobre la reacción desde el interior de Palacio de Gobierno.
Esa noche, el 8M, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima estuvo presente cuando se llevaba a cabo el disturbio en el edificio gubernamental; afecto a los reflectores de los medios de comunicación, se dio vuelo condenando el accionar de las autoridades respecto a la contención por el fuego y los disparos de pistolas de gotcha hechos por las mujeres desde el exterior.
El ombudsman de Colima tiene todo el derecho de aperturar las carpetas de investigación que quiera si considera que alguna autoridad violó los derechos humanos de cualquier persona; el problema es que sólo vio la violación de la policía e ignoró la violencia que denunciaron esas mismas mujeres ese día contra maestros de la Universidad de Colima.
Por qué, si dice ser el defensor de los colimenses, Roberto Ramírez no aprovechó la oportunidad y el protagonismo que le dieron los medios de comunicación para informar que también se iban a aperturar expedientes en contra de Carlos “N”, Dante “N” y Alonso “N” por acosar y hostigar sexualmente a estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación.
¿De qué privilegios goza la Universidad de Colima o el actual rector Christian Torres Ortiz Zermeño como para que nadie de la clase política alce la voz por las alumnas que han dado a conocer infinidad de pruebas en contra de esos profesores que las han acosado durante años?
No sólo es Roberto Ramírez, cuya Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima no toca ni con el pétalo de un expediente a la Universidad de Colima, sino políticos como Mely Romero, Héctor Magaña y muchos más que, por interés o miedo o las dos cosas, no se atreven a condenar hechos denigrantes que suceden en la institución educativa.
Bien que la CDHEC investigue los hechos del 8M en Palacio de Gobierno.
¿Pero cuándo lo va a hacer con los maestros acosadores de la Universidad de Colima?
¿No que las denuncias se hacen de oficio?
¿O esperan que llegue una alumna violada o golpeada o muerta para actuar?