POR Jorge Octavio González
Sería de festejar la noticia de la destitución de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera si no fuera porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo envió a presidir la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Y es que, de acuerdo a lo que se ha informado al respecto, la reforma electoral que pretende hacer el gobierno de la República tiene como objetivo apropiarse del último organismo que le faltaba: el Instituto Nacional Electoral y, con ello, la facultad de manipular todas las elecciones que se realicen de aquí en adelante.
Antes de seguir con el tema de la reforma electoral, hay que señalar lo que fue Pablo Gómez al frente de la UIF de la Secretaría de Hacienda, dependencia encargada de investigar a los críticos, a los opositores, a los académicos, a los empresarios, entre otros, pero jamás para lo que fue creado en el 2004: combatir el lavado de dinero.
Desde hace más 20 años, cuando se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha habido casos relevantes de congelamiento de cuentas producto del trabajo de esa unidad; lo que sí ha habido es una persecución a los periodistas y a los políticos incómodos del régimen en turno para amedrentarlos y doblarlos.
El caso más reciente de la violación cínica de los datos fiscales, que deben ser privados, fue cuando Andrés Manuel López Obrador reveló en una de sus mañaneras los datos fiscales de Carlos Loret de Mola, así como de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde, sin rubor alguno, dio a conocer información que debe ser reservada y confidencial.
Si eso lo hubiera hecho Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto, el AMLO opositor ya habría despotricado en contra de ellos y convocado a una manifestación para pedir su renuncia del cargo; incluso habría ido a las instancias internacionales para exhibir el talante autoritario del gobierno de México.
Pero no: nadie dijo nada y sólo unas voces se indignaron al respecto; de ahí en más la información revelada fue carne de cañón para los mercenarios al servicio de Jesús Ramírez Cuevas para amplificar en sus medios los datos fiscales del periodista, que podría haber llevado a que alguien del crimen organizado se aprovechara de la situación y le hiciera algo al comunicador.
Pablo Gómez fue un cero a la izquierda en la Unidad de Inteligencia Financiera y nunca estuvo preparado para el encargo; lo único que hizo fue seguir las órdenes de López Obrador y perseguir a los enemigos del régimen.
Tan no tenía el perfil el comunista beneficiario de las plurinominales que, según relatan quienes vieron a escena, cuando llegó a las oficinas de la UIF Pablo Gómez ni siquiera sabía cómo encender las computadoras, además de que quiso habilitar un correo electrónico personal en el sistema, algo que está prohibido por cuestiones de seguridad.
Pablo Gómez, un político grillero y revanchista, ahora preside la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, teniendo como compañeros de trabajo a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del gobierno federal; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, así como Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.
Aunque en el decreto se dice que podrían invitar a más personas para que enriquezcan la reforma electoral, lo cierto es que serán ellos, todos afines al régimen actual, los que van a definir qué cambios hacer y cómo organizar las elecciones de aquí en adelante, demoliendo la democracia como la conocíamos desde que se creó el Instituto Federal Electoral hasta el Instituto Nacional Electoral.
Pablo Gómez preside la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, después de que desde Estados Unidos exhibieron que la UIF a su cargo se hizo de la vista gorda con los casos de lavado de dinero de dos bancos —CIBanco e Intercam Banco— y una casa de bolsa —Vector, cuyo fundador es Alfonso Romo Garza— al Cártel de Sinaloa, algo que debió detectar y denunciar en su momento, pero estaba más ocupado por perseguir a los enemigos de su jefe López Obrador.
De ese nivel la Comisión encargada de definir el futuro de la democracia en México.