POR Luis Fernando Moreno Mayoral
En el Congreso del Estado tienen todos los argumentos políticos para no legislar sobre la revocación de mandato y aplicarla para la actual gobernadora Indira Vizcaíno; en estos momentos perdería el ejercicio ciudadano que promovió Andrés Manuel López Obrador para su propia administración y Colima tendría mandatario de otro partido en el 2025.
Y es que, para que no se olvide, en el Poder Legislativo la bancada oficialista y sus lazarillos renunciaron a pensar y obedecen todo lo que les ordenan desde Palacio Nacional y Casa de Gobierno-Altozano.
Viridiana Valencia Vargas primero y Armando Reyna después sólo han sido los títeres que han puesto en la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para sacar adelante, sin siquiera leer y mucho menos debatir con altura, las leyes e iniciativas que sólo aprueban en tribuna.
Levantadedos es lo que son, aunque ese burro y payaso de las cachetadas, protector del asesino de un taxista en Tecomán, se enoje y diga que no permitirá a nadie que los llame así. No sólo son levantadedos; son una runfla de cortesanos que agacha la cabeza y se arrodilla cuando la gobernadora o el presidente de la República pasa frente a ellos.
No sólo renunciaron a pensar, sino que, lo peor, le dieron la espalda a quienes votaron por ellos en las urnas. Los diputados de MORENA traicionaron a la gente que los llevó a sus cargos y ahora sólo le juran lealtad y obediencia ciega a un solo hombre; los lazarillos actuaron de peor forma: traicionaron a su partido, a su gente y ahora, con tal de obtener unas migajas o alguna candidatura en el 2024, vendieron su poca dignidad para votar en bloque con el oficialismo.
A la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Colima, que promovieron los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional para sacar del poder a José Ignacio Peralta Sánchez, le faltaba la legislación secundaria para que tuviera fecha de aplicación.
Los diputados de MORENA, que no hacen nada si no les dan la orden de Casa de Gobierno-Altozano, legislaron sobre el particular para que, en efecto, la revocación de mandato se aplique… ¡a partir del periodo 2027-2033! Esto es: cuando la gobernadora Indira Vizcaíno haya concluido su pésima administración.
De más está calificar el servilismo de los diputados de MORENA y sus lazarillos: son una verdadera vergüenza de representantes populares. Dan pena ajena. Son indignos. Se puede entender de quienes forman parte de la bancada oficialista, tipejos sin oficio ni beneficio; de quien no por su formación es de Priscila García, quien como abogada sabía del alcance del ejercicio ciudadano y firmó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación…que quiso revertir cuando le ofrecieron privilegios en MORENA y chamba a su esposo Francisco Rodríguez García en el gobierno del Estado.
Los diputados de MORENA están en su papel: no quieren que la revocación de mandato se aplique a Indira Vizcaíno porque perdería en el 2025; luego entonces los legisladores quedarían desprotegidos y la nueva administración obligaría a los tribunos actuales a rendir cuentas y serían sancionados por todas las violaciones a la ley que han hecho.
Pero aunque los diputados de la fracción mayoritaria intenten proteger a su gobernadora, la sociedad exige que se aplique esa herramienta de participación ciudadana para echar del poder a los gobernantes que no den resultados.
Y eso pasa por aplicarse la revocación de mandato a Indira Vizcaíno Silva, que mes con mes exhibe su pobre gestión al frente del gobierno del Estado siendo la penúltima peor gobernadora de todo México y la peor mandataria mujer del país y de su partido, de acuerdo a los estudios de opinión realizados por Consulta Mitofsky.
Indira Vizcaíno, con toda la corrupción en su gobierno, la ola de violencia y terror en la entidad por los acuerdos incumplidos con las organizaciones criminales en campaña y la impunidad en la que están manteniendo a los corruptos del pasado, con los que pactaron su ascenso al poder, perderá por paliza la revocación de mandato convocada por la ciudadanía en el 2025.
Por eso los empleados de la gobernadora en el Congreso del Estado hicieron todo lo posible para que esa figura constitucional no se aplique en esta administración, aunque en breve la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver el asunto.
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