POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Un problema que tiene Riult Rivera es que gran parte de los funcionarios que le fueron impuestos en el ayuntamiento de Colima tienen un historial delictivo y de actos de corrupción.
El propio candidato del PRI y el PAN a la presidencia municipal de Colima fue capaz de ocultar que tenía dos denuncias en su contra, una en la Fiscalía General del Estado de Colima por violencia intrafamiliar y otra en el Poder Judicial de Aguascalientes por deudor alimentario.
Hoy, de acuerdo a lo informado por la propia Martha Cecilia Márquez, sufre de violencia política del gobierno del Estado y de la presidencia municipal de Aguascalientes, de extracción panista, y fue inhabilitada por 10 años e impedida a tomar protesta como regidora en el gobierno municipal.
¿Quién será la persona que odia tanto a esa mujer como para negarle un sustento para sus hijos? La respuesta puede estar en Colima.
Uno de los primeros nombramientos que hizo Riult Rivera como presidente municipal fue la del Comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica.
El Coronel de Infantería, Vicente Venustiano Guzmán Lucero, en el año 2015 fue sancionado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, “por hostigamiento sexual, laboral y conductas contrarias a la disciplina militar”.
De acuerdo al periodista Eduardo Villa, del periódico Zeta Tijuana, las acusaciones contra el hoy Comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica del ayuntamiento de Colima las recuperó de viejos documentos de la propia SEDENA, que están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El periodista de investigación recuerda el caso del general José Ramírez Cardoso, director de la Policía Municipal de Mexicali en el 2013, quien tuvo que ser removido en el 2014 tras darse a conocer que cuenta con antecedentes penales en la justicia militar por hostigamiento sexual y abuso de autoridad.
Los señalamientos se dieron a conocer a través de una petición de transparencia, no obstante que cumplió con todos los Exámenes de Control y Confianza “porque los protocolos de evaluación sólo cotejan delitos que obran en las sentencias civiles”, escribió el colaborador de Zeta Tijuana.
El ejemplo de José Ramírez Cardoso es fundamental: como su día a día fue en las instalaciones militares, cuando incursionó en la vida política esos registros no estaba disponibles y, por tanto, pudo tener un cargo de relevancia.
Pero así como sucedió con el ex director de la Policía Municipal de Mexicali, ahora que se dio a conocer la sanción de la SEDENA en contra de Vicente Venustiano Guzmán Lucero, lo que corresponde es destituirlo como Comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica del ayuntamiento de Colima.
Si Riult Rivera hubiera sido honesto con las denuncias que tenía en su contra y que podrían haberlo inhabilitado como candidato del PRI y el PAN a la presidencia municipal de Colima, le daríamos el beneficio de la duda en torno a su conocimiento o no de las sanciones al funcionario que le aprobaron en Cabildo; el problema es que fue capaz de negar que fue acusado por violencia intrafamiliar y deudor alimentario cuando los expedientes estaban radicados en la Fiscalía General del Estado de Colima y en el Poder Judicial de Aguascalientes.
Así actuó en el pasado inmediato y así está actuando en estos momentos el presidente municipal de Colima; su proclividad a mentir y a manipular la información sólo lo hacen una persona en la que no se puede confiar e indigno de gobernar una de las ciudades más importantes de la entidad.