POR Jorge Octavio González
El radicalismo de Griselda Martínez Martínez aumentó cuando vio cerradas todas las posibilidades de ser senadora de la República y Martha Zepeda del Toro fuera vinculada a proceso por el delito de falsedad de los servidores públicos.
El plan de la presidenta municipal era irse de candidata a senadora y dejar como sucesora a la secretaria del ayuntamiento de Manzanillo; desde la comuna porteña se operaría y financiaría la campaña de Matínez Martínez a la gubernatura en el 2027, disputándole a la mandataria la decisión de nombrar a quien dé continuidad a su proyecto político.
Todo se derrumbó desde el momento en que Adán Augusto López Hernández, quien competía en el proceso interno de MORENA para ser el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, perdió el piso al inicio de campaña por su relación con la diputada Andrea Chávez.
El ex secretario de Gobernación quedó atrás incluso de Gerardo Fernández Noroña, por lo que llegó a la recta final sin influencia para exigir candidaturas para los suyos.
Además, sin embargo, Griselda Martínez se deslindó de Adán Augusto cuando calló a Martha Zepeda en su visita a Manzanillo y le dejó en claro a la secretaria del ayuntamiento que el problema con el líder sindical lo iba a arreglar él y nadie más que él.
Y el resultado está a la vista: la alianza Seguimos Haciendo Historia le dio el primer lugar de la fórmula al Senado de la República al PT y el segundo al Verde Ecologista, dejando fuera de la contienda a Griselda Martínez.
Pero también se asestó un golpe a Martha Zepeda del Toro: un juez la vinculó a proceso por falsificar documentos oficiales y también fue separada de su cargo como medida cautelar.
Cierto es que, aunque la presidenta municipal tenga todo el derecho de expresar lo que se le venga en gana, en los partidos hay reglas y las aplicaron; de ahí que Griselda y Martha quedaran fuera del proceso interno de los partidos MORENA, PT y PVEM.
Lo que ya no es viable es que, por vincular a proceso a su secretaria del ayuntamiento de Manzanillo, Griselda Martínez emprenda una venganza en contra de instituciones del gobierno del Estado y del Poder Judicial del Estado, tales como la Fiscalía General en Manzanillo, el C5i, Movilidad, juzgados y SEMEFO.
A estas dependencias se les cortó el suministro del agua porque curiosamente se dieron cuenta, por una fuga que había, que esos lugares no tenían contratos y consumían el vital líquido sin pagar.
En lugar de perjudicar a la gobernadora de Colima y al juez que vinculó a proceso a su secretaria, a quien en realidad está perjudicando esta determinación vengativa es a los empleados de dichas instituciones, pero además a la gente que acude a esos lugares a algún trámite o a reclamar a un ser querido.
Griselda Martínez tiene todo el derecho de sentirse traicionada por su partido por negarle la posibilidad de participar en la contienda electoral y por vincular a proceso a Martha Zepeda del Toro; a lo que no tiene derecho es a negarles el servicio de suministro de agua a dependencias de gobierno y del Poder Judicial sólo por un berrinche.
Si Griselda Martínez, como dice, tiene en contra a la gobernadora de Colima, a la Fiscalía General del Estado de Colima, a los jueces, a los medios de comunicación y a los regidores y al síndico de su propio partido en el ayuntamiento de Manzanillo, es válido preguntar si el problema no es, en todo caso, ella.