Son más de 3 millones de pesos los que se niega a pagar Arnoldo Ochoa González a los 10 trabajadores que despidió hace dos años y que ahora exigen tras ganar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Lo anterior lo informó Francisco Martínez Chaires, uno de los despedidos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien estuvo ayer Día del Trabajo manifestándose por el impago al laudo que se emitió el año pasado, junto con otros compañeros más, como Enrique de Jesús Ochoa Espíritu, El Buki.
“En el PRI no hay democracia ni justicia social”, aseveró Martínez Chaires, tras señalar que los candidatos del Revolucionario Institucional a puestos de elección popular fueron impuestos, además de que no les permiten el acceso a la justicia porque se niegan a pagar lo que una autoridad en materia laboral ya ordenó.
Dijo que se han visto violentados en sus derechos humanos y laborales por la dirigencia estatal del PRI, a cargo actualmente de Arnoldo Ochoa González, quien ni siquiera se conmovió cuando murió uno de sus compañeros de lucha, pues fueron despedidos en plena pandemia.
Francisco Martínez indicó que la dirigencia estatal del PRI ha utilizado tácticas dilatorias para detener el procedimiento de ejecución.
“No tienen la razón jurídica en virtud de que en el desahogo de todas las audiencias nunca concurrieron, nunca atendieron el llamado de la autoridad y se niegan a pagarnos nuestro laudo”, agregó.
El ex trabajador del CDE del PRI en Colima mencionó que ninguno de los candidatos del tricolor a cargos de elección popular, que están en plena campaña electoral, los ha querido escuchar.