POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Hoy concluye la semana y nadie sabe dónde se encuentra el mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez ni tampoco ha asomado la cabeza de donde la tenga metida.
Lo más lamentable, sin embargo, es el retiro de los escoltas a Griselda Martínez Martínez; justo los tenía porque sufrió un atentado que casi le cuesta la vida al inicio de su gobierno y otro más en el 2022 donde recibieron impactos de bala las camionetas que la trasladan.
La especie trascendió la semana pasada, cuando la presidenta municipal de Manzanillo venía de hacer severos cuestionamientos hacia la Fiscalía General del Estado de Colima por no avanzar en la carpeta de investigación que hay en la institución de Colima y en la Fiscalía General de la República.
Pero también venía de exhibir al gobierno del Estado y a la ASIPONA en el encubrimiento que intentaron hacer del derrame de químicos en el mar que tuvo como consecuencia más de 800 personas internadas por dolor de cabeza, vómitos y mareos.
La entrevista que dio a SinEmbargoMX, en donde reveló cómo en la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal le congelaron las cuentas y se creyeron el cuento de que lavaba dinero para uno de los cárteles que, de acuerdo a los cables confidenciales de la SEDENA que reveló Guacamayas, protegen desde la Fiscalía de Colima, irritó al gobierno del Estado.
Pero el en vivo que hizo en su cuenta de Facebook a finales de julio de este año, en donde reveló el segundo atentado sufrido en su administración, fue lo que terminó de provocar la ira de Indira Vizcaíno y su círculo más cercano.
Griselda Martínez, ciertamente, reveló que ha sido incómodo tener más de 15 escoltas día y noche a su lado y ha narrado cómo ni siquiera puede jugar con su nieta que corre por todos lados; lo que nunca dijo es que quisiera que se los retiraran para poderse mover libremente.
Ella sabe que, mientras sea la presidenta municipal, no podrá ser una persona normal; sabe que no puede ir al cine ni acudir a fiestas o visitar familiares ni amigos ni puede ir siquiera a un salón de belleza por la cantidad de seguridad que tendría que estar en el mismo lugar.
Cosa muy distinta es que pida a la Secretaría de Marina que le sean retirados los escoltas. Ella sabe que, mientras esté en la lucha contra la corrupción y la impunidad, debe estar protegida; suicida sería prescindir de su seguridad y pretender que es de acero como para ir por el puerto caminando sola y su alma.
En el gobierno del Estado y la Fiscalía de Colima, sin embargo, vieron un área de oportunidad el retiro de la seguridad de Griselda Martínez por varias razones:
La primera es que, siguiendo los lineamientos del Movimiento de Regeneración Nacional, todos los representantes del partido deben ser austeros y no ostentar lujos ni guardaespaldas. Y como el pueblo bueno y sabio cuida a sus funcionarios, no hay necesidad de tener un ejército de seguridad a su cargo.
Y la segunda es siniestra como lo es la mandataria y los asesores que están detrás de ella, como Rogelio Rueda Sánchez, y no los inútiles que están enquistados en la Oficina de la Gubernatura con Eduardo Jurado Escamilla: ya sin la seguridad, le facilitan el trabajo que no concluyeron a la organización criminal que en dos ocasiones ha atentado en su contra.
El nivel de perversidad es alarmante: al dejarla sin seguridad dejan a su suerte a la presidenta municipal y en cualquier momento puede ser víctima de un atentado que en esta ocasión sí le arrebate la vida.
Alguien en el gobierno del Estado y en la Fiscalía General del Estado de Colima está dejando a Griselda Martínez en bandeja de plata a los criminales.
Y eso es gravísimo.