POR Luis Fernando Moreno Mayoral
El espionaje desde la Fiscalía General del Estado de Colima es un hecho; lo que preocupa es que los ministerios públicos ya se saben el camino para obtener fácilmente los registros telefónicos de los usuarios que pretenden investigar.
Y es que, de acuerdo a lo denunciado en el periódico The New York Times, la Fiscalía General de la Ciudad de México solicitó los registros de políticos de oposición y del partido oficial bajo el argumento de que estaban involucrados en delitos como secuestro y trata de personas.
Solicitar la orden de un juez es más complicado y tienen que fundar y motivar sus peticiones para que les sean otorgadas; de lo contrario les niegan las intervenciones telefónicas.
La empresa Telcel, cuando salió el reportaje en cuestión, reconoció que, así como todas las operadoras, ellos tienen la obligación de proporcionar información a las fiscalías cuando lo soliciten, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La respuesta, sin referirse al reportaje del medio estadounidense, fue muy clara: la compañía telefónica sí ha proporcionado información a las fiscalías que se los solicitan, todo en aras de esclarecer la comisión de probables delitos.
El problema, sin embargo, es que los ministerios públicos hallaron el atajo para intervenir las telecomunicaciones de sus objetivos: para que las compañías telefónicas no nieguen el registro de llamadas, los mensajes de texto y la geolocalización, argumentan que esos números tienen que ver con investigaciones de delitos de alto impacto como secuestro y trata de personas.
Así, pues, se brincan al juez que, ciertamente, es más riguroso para otorgar el permiso de intervenir teléfonos.
La Fiscalía de Colima aprendió de sus homólogos de la Ciudad de México muy rápido y solicitó los registros telefónicos del senador Ricardo Monreal Ávila y otras diez personas más, de acuerdo al oficio fechado el 11 de julio de 2021 y firmado por el agente del ministerio público José Luis Beltrán Araiza.
El mini fiscal Bryan Alejandro García Ramírez, como en otros tantos casos de actos de corrupción en su dependencia, no ha salido a decir nada al respecto ni ha aclarado por qué han solicitado los registros telefónicos de políticos y si, a razón de la información proporcionada por la compañía Telcel, han resuelto casos importantes.
La información, aunque se solicitó a mediados del 2021, la recibió la Fiscalía actual; además es altamente probable que no sólo hayan solicitado los registros de las diez personas que denunció The New York Times, sino de otros más, incluso de la entidad.
¿Qué tanta información tiene la Fiscalía de Colima de políticos de oposición, del partido MORENA, de periodistas, de activistas y de gente de la sociedad civil que ha resultado incómoda para el mini fiscal y sus aviesos intereses?
De la oposición es claro que a la mayoría de la bancada del PRI y el PAN en el Congreso del Estado, pero de seguro a la presidenta de Manzanillo y a El Tecolín Memo Toscano de MORENA.
La interrogante es: ¿para qué utilizarán la información que les hayan dado las compañías telefónicas?