POR Jorge Octavio González
Si este gobierno, el de Indira Vizcaíno, fue capaz de favorecer a una proveedora con conexiones sentimentales en la Oficina de la Gubernatura y sancionada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental por irregularidades en uno de los gobiernos calificados por la propia mandataria como de los más corruptos que ha tenido Colima, ¿qué quiere decir?
Que lo de que son diferentes y que están en la administración para transformar la entidad es puro cuento; es mentira que llegaron al gobierno del Estado a cambiar las cosas y a combatir la corrupción; es falso que llegaron al poder para servir al pueblo, cuando lo que hemos visto es que varios de sus funcionarios se han servido con la cuchara grande.
La investigación de esta semana en PXPress data de la ex directora de Adquisiciones del gobierno de Mario Anguiano Moreno, Adriana Julieta Aguirre Pérez, sancionada por el Osafig con una amonestación pública y una sanción económica resarcitoria directa por la cantidad de $1 millón 96 mil pesos, al igual que sus jefes Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración; José Santos Juárez, ex director general de Administración y Abastecimientos; y el General de División del Ejército Mexicano Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública.
La razón es muy sencilla: simularon, como se hacía mucho en ese sexenio en la era de Óscar Zurroza, un curso de capacitación para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se erogó una cantidad millonaria; al momento que les detectaron la contratación de una empresa para esos cursos, se les requirió pruebas de que en realidad haya tenido lugar. No pudieron: nunca existió dicho curso.
Julieta Aguirre Pérez, pues, fue amonestada públicamente y sancionada con poco más de un millón de pesos, algo que no se sabe si en realidad pagó o se hizo como el ex gobernador Anguiano Moreno; la razón fue “por autorizar la contratación y omitir los documentos necesarios de un curso de capacitación bajo el procedimiento de adjudicación directa, así como el documento fundado y motivado en criterios de eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones de contratación para el Estado”, ya que “no se exhibe evidencia física y/o documental que acredite la real y efectiva prestación de los servicios de capacitación por parte del proveedor”.
Si las auditorías hubieran sido más estrictas, cursos como el de líneas arriba descrito hubieran sido encontrado por centenas, haciéndose de esa manera de millones de pesos que fueron a parar a los bolsillos de varios de los funcionarios que hoy, sin embargo, lo que menos les preocupa es qué van a comer mañana: ellos, muchos diríamos, hoy están en MORENA y son aliados de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
¿Y qué creen? En esos enjuagues una de las ex funcionarias que también se benefició fue nada más y nada menos que Adriana Julieta Aguirre Pérez, hoy la proveedora consentida del gobierno de la 4T en Colima.
En esta administración, pues, Adriana Julieta obtuvo el contrato SPFYA/SSA/3CE-042-2022/DGAABS/DABS para proporcionar los bienes consistentes en MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, solicitados en la requisición número 002975 detallados en la orden de compra número 4500151351 de fecha 21 de junio de 2022 y en el Anexo 1 del presente contrato, solicitados por el DESPACHO DE LA SECRETAERÍA TÉCNICA DE ENLACE GUBERNAMENTAL ( a cargo de la hermana de Rosi Bayardo Cabrera, Ana Sofía), dependiente de la OFICINA DE LA GUBERNATURA, cuyo titular es Eduardo Jurado Escamilla.
También recibió el contrato SPFYA/SSA/IRE-027-2022/DGAABS/DABS, en donde, a invitación restringida, llevó a cabo el SERVICIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2022, solicitados en la requisición 1401 y detallados en la orden de compra número 0089 de fecha 14 de septiembre de 2022, por la cantidad de $742,400.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N).
Y tuvo una invitación restringida identificada como IRE/04DIF/2022 que se le hizo en la sexta sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, del año 2022, para proporcionar artículos de papelería y tóner, tintas y cartuchos para el DIF estatal.
¿Realmente no mueve a sospecha la variedad de contratos que recibe de la administración de Indira Vizcaíno Silva? ¿No se les hace sospechoso que, además de vender medicamentos, organice eventos como el Grito de Independencia y, además, venda artículos de oficina, sin tener una empresa que la respalde más que ella misma? ¿En verdad no es evidente el negocio que se está haciendo a través de Julieta Aguirre Pérez y personeros de la Oficina de la Gubernatura y del DIF Estatal?
¿Pasará algo? Queda claro que en el gobierno de la transformación, en donde ni siquiera han sido capaces de sancionar a los ex funcionarios que saquearon las finanzas como José Ignacio Peralta y Carlos Noriega, menos se abrirá una investigación para determinar por qué a Adriana Julieta Aguirre Pérez se le asignan todo tipo de contratos en las múltiples dependencias del gobierno del Estado por cantidades millonarias, aun cuando en el pasado reciente fue sancionada por corrupta.
¿Será que Julieta Aguirre e Indira Vizcaíno se entienden porque son igual de corruptas y amantes del dinero? No le encontramos fallas a esa lógica.