POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Fátima Borrego Pérez nunca se imaginó estar en un escenario en donde tendría que tomar una decisión contundente en aras de apagar una crisis que le estalló en las manos.
Y es que, como ya todos saben, el viernes de la semana pasada se dio a conocer que tres elementos de seguridad privada de la clínica número 1 del IMSS sometieron y golpearon hasta dejar inconsciente a un derechohabiente que únicamente solicitaba su medicina.
Acorralada por la presión pública y nacional —puesto que los videos de la golpiza circularon en medios de información de la ciudad de México—, a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima se le hizo fácil salir a cuadro a informar la rescisión del contrato con la empresa de seguridad Hidalgo Vigueras Consultores S.A de C.V.
Y si bien la decisión debe ser aplaudida por todos los ciudadanos que han sido víctimas de la prepotencia, de la cerrazón y de los insultos y golpes de hombres y mujeres primitivos que se empoderan con el uniforme de la empresa HIVICO, lo cierto es que Borrego Pérez se metió en un negocio que trasciende la entidad colimense y llega hasta las más altas esferas de la institución de salud.
El IMSS, como se dio a conocer esta semana en estas páginas, tiene contratos con Hidalgo Vigueras Consultores S.A de C.V prácticamente en todo el país; en lo que respecta a Colima, sin embargo, los elementos de seguridad privada de HIVICO están, además de la clínica número 1 del IMSS, en Villa de Álvarez, en la Unidad Médico Familiar (UMF) número 5, en la UMF número 6, en la UMF número 11, en la UMF número 16, en la UMF número 18, en la UMF número 19, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 4, en Tecomán, en la UMF número 3, en el HGZ número 10, en la UMF número 2, en la UMF número 17 y en la UMF número 9.
Fátima Borrego Pérez, cuando salió a dar la cara en un video, señaló que rescindiría el contrato con HIVICO porque “no colaborarán con ninguna empresa que omita capacitar en derechos humanos a su personal”, algo que, ciertamente, es una verdad a medias: la actitud altanera y soberbia también es de médicos, enfermeros, administrativos, directivos y encargados de áreas, como la de la farmacia, cuya incapacidad para atender a un derechohabiente la orilló a llamar a seguridad privada para retirarlo del lugar.
Y si, en efecto, la empresa Hidalgo Vigueras Consultores omite en todo momento capacitar en derechos humanos a su personal, por qué entonces toda la gente de seguridad privada continúa laborando en la clínica número 1 del IMSS, ubicada en Villa de Álvarez.
Este jueves, según se publicó en PXPress, agentes de seguridad de HIVICO estaban laborando en la institución de salud como si no hubiera pasado nada; incuso se puede apreciar en la imagen dada a conocer que poco les importó lo que hasta hace unos días habían hecho en contra de un paciente siquiátrico.
Cierto es que, como argumentan algunas personas, no por tres o cuatro malos elementos tendrían que pagar todos; el problema es que la delegada del IMSS en Colima, envalentonada en el video donde se ve claramente que estaba leyendo el discurso, afirmó categóricamente que rescindiría el contrato a la empresa Hidalgo Vigueras Consultores, no que sólo iba a cesar a los involucrados.
Que no haya podido cumplir su palabra y que aun hasta el jueves de esta semana sigan trabajando los mismos elementos de seguridad privada en la clínica número 1 del IMSS es algo que, en efecto, escapa de las manos de Fátima Borrego Pérez: ella no puede tocar el negocio de sus jefes a nivel central, pero tendrá que pagar los costos del salvajismo del personal de seguridad que no han podido controlar.
Si la delegada del IMSS en Colima no puede retirarles el contrato a HIVICO, por los negocios que tienen sus jefes con el dueño de la empresa, algo tendrán que hacer para que la gente que acuda a las instalaciones no tenga la mala fortuna de enfrentarse con algún agente de seguridad.
Un primer paso sería la renuncia de la propia delegada Fátima Borrego Pérez.