POR Jorge Octavio González
El debate en torno a si la gente debe ir a votar o no este domingo 1 de junio en la elección judicial es, ciertamente, estéril: así vayan mil o un millón o 10 millones de personas la jornada se va a realizar y quienes tengan la mayor cantidad de votos serán ministros, jueces o magistrados.
¿Vale la pena ir o no a votar?
Sí. En especial porque, aunque muchos aspirantes tienen nexos con el crimen organizado o son abyectos al régimen actual, hay otros, sin embargo, que sí tienen carrera judicial y los conocimientos para impartir justicia.
No hay que olvidar que más de la mitad de los candidatos tuvieron pase directo porque ya eran parte del Poder Judicial; incluso hay otros que recién se inscribieron y cuentan con todas las cartas credenciales para ser jueces o magistrados.
En Colima, por ejemplo, ¿quién no vería con buenos ojos que sujetos impresentables como Bernardo Salazar Santana o Miguel García de la Mora, que alcanzaron el carácter de inamovibles y sólo saldrían del Poder Judicial del Estado muertos o ya de viejos, a partir de este 2025 tengan que hacer sus maletas y dejar sus cargos a las nuevas generaciones?
Pues nadie, por supuesto.
Porque, así como los magistrados mencionados líneas arriba, hay otros que, por maniobras tramposas pero legales, también se ganaron el carácter de inamovibles y podrán permanecer décadas antes que alguna enfermedad los obligue a dejar el cargo o ellos mismos elijan jubilarse.
Miguel García, por ejemplo, apenas llegará los 50 años de edad. Él ingresó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el 2010; a la fecha lleva 15 años como togado. El sujeto, si así lo desea, puede quedarse como magistrado otros 20 ó 30 años más y, más los 15 que ya lleva, significa que estaría más de 40 años en el cargo, con todo lo que eso significa en cuanto a redes de complicidad y de corrupción que tejería a lo largo de cuatro décadas.
García de la Mora, igual que Bernardo Salazar, ya vieron pasar a los gobernadores Silverio Cavazos Ceballos —a quien le deben, por cierto, ser magistrados—, a Mario Anguiano Moreno, a José Ignacio Peralta Sánchez y los tres años de Indira Vizcaíno Silva; si así lo desean podrían ver pasar otros 5 ó 6 mandatarios más.
Sólo con esta reforma judicial es como ese tipo de magistrados —Miguel García y Bernardo Salazar— podrán irse a sus casas; de lo contrario ahí seguirían, en sus cargos, haciendo daño, manipulando sentencias y favoreciendo a quienes más dinero suelten.
Es cierto que compiten en estos momentos descarados y sinvergüenzas como Sabino Hermilo Flores Arias, el peor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima que haya habido en la entidad, así como incompetentes como Dorian Verónica Rodríguez Cortés o emisarios políticos del pasado como Mariana Martínez Flores.
Pero hay, como lo hemos dicho insistentemente, perfiles con todas las credenciales y trayectoria que garantizan la impartición de justicia de manera imparcial y apegados a Derecho; sólo basta que los ciudadanos se informen un poco más en sus páginas oficiales y se darán cuenta que sí existen candidatos serios y profesionales que le darán nuevos aires a un Poder Judicial que sólo privilegiaba a los poderosos, a los políticos y a los amigos.
Pueden no acudir a votar este domingo 1 de junio si así lo desean, lo cual es respetable; la cuestión es que entonces le darán el poder de elegir a alguien más que, con intereses malsanos, querrán de regreso el favor de esos jueces o magistrados por haberlos promovido y financiado.
Al final no importa si van mil o diez mil o 5 millones a votar; la elección judicial se va a realizar y los que obtengan más votos conformarán el Poder Judicial de la Federación y también el de Colima.