POR Jorge Octavio González
El miércoles de esta semana la Revista Territorio publicó una información que, después de dos días, no ha sido desmentida por la involucrada: se trata del retiro de escoltas armados y camionetas blindadas que le proporcionaron a Griselda Martínez Martínez hace casi seis años cuando la intentaron asesinar.
Cabe aclarar que en estas páginas siempre defendimos el derecho de la entonces presidenta municipal de Manzanillo de contar con seguridad por el riesgo que significaba el trabajo de lidiar con una policía infiltrada por el crimen organizado e intereses políticos que se vieron afectados por el estilo personal de gobernar de la alcaldesa.
Los dos periodos que gobernó Manzanillo tuvo a su disposición agentes armados que la cuidaron día y noche; en ese entonces se justificaba porque sus antecesores —Gabriela Benavides, Virgilio Mendoza Amescua, por mencionar los más recientes— dejaron al municipio con una de las tasas más altas de criminalidad y corrupción, además de que el puerto sirvió para que las organizaciones criminales pasaran mercancía ilegal y drogas sin que nadie los molestara.
Griselda Martínez, en la plenitud de su poder, sintió que nadie la merecía y no le importó pelarse con medios de comunicación, con activistas que denunciaban irregularidades en su proceder, con empresarios y hasta con gente de su propio partido.
Hizo un mal cálculo de sus críticas a liderazgos de Movimiento de Regeneración Nacional en Colima y creyó que no pasaría de una simple amonestación el resultado de sus señalamientos; al final fue expulsada del partido y quedó fuera de la competencia interna, igual que Martha Zepeda del Toro, que se sintió con las capacidades como para suceder a su jefa en el ayuntamiento de Manzanillo.
Al quedar cerrada la puerta de MORENA para Griselda Martínez y Zepeda del Toro, el cascajo de Movimiento Ciudadano las recicló para utilizar el capital político de las dos; para el momento que se incorporaron al partido naranja era demasiado tarde ponerse estrictos e hicieron a la primera candidata al senado de la República y a la segunda candidata a la presidencia municipal de Manzanillo.
De más está decir en qué quedo todo: ni Griselda Martínez ganó la curul en la Cámara Alta ni Martha Zepeda fue presidenta municipal; lo que sí alcanzó esta última fue una regiduría, desde donde está trabajando para ganarse la candidatura a la gubernatura del Estado en el 2027.
A casi un año de aquella elección del 2024 —y a casi 6 de que intentaron asesinarla unos sicarios—, en el gobierno de la República analizaron el caso de Griselda Martínez y determinaron retirarle la seguridad; los argumentos tendrían que conocerse para que no haya lugar a dudas de por qué se tomó esa decisión.
Y en todo caso la ventanilla para quejas y reclamos es el gobierno federal.
Griselda Martínez participa en MC, pero no tiene el respeto ni el lugar que ella desearía; el partido naranja es manejado por Margarita Moreno y Chuy Dueñas porque José Ignacio Peralta Sánchez compró la franquicia y es el verdadero poder tras el trono.
En un partido donde han llegado arribistas a desplazar a quienes han trabajado en territorio por muchos años —primero fue Leoncio Morán Sánchez para su capricho de ser candidato a gobernador y ahora Nacho Peralta e incondicionales como Margarita Moreno y Dueñas García—, es muy difícil que un perfil como Griselda Martínez tenga cabida y oportunidad de crecimiento.
No hay evidencia que sugiera que quienes intentaron quitarle la vida hace casi 6 años estén a la espera de llevar a cabo otro atentado; es más la paranoia y el ego de sentirse protegida como si todavía fuera presidenta municipal.
El crimen organizado envía mensajes o atenta contra la vida de alguien que les sea funcional por el cargo que ostentan; ahora que Griselda Martínez no es ni jefa de la colonia donde vive, no es de utilidad para ningún grupo de interés.
Quienes sí deben ser custodiados son las autoridades en funciones; nomás basta ver la ejecución de la secretaria particular y el jefe de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para entender que no se trata de caprichos ni de ostentaciones, sino de salvaguardar la vida de los funcionarios que pueden tocar intereses aviesos.