POR Bibiano Moreno Montes de Oca
Parece que la realidad ha superado a la ficción una vez más, pues mientras Estados Unidos siga siendo el mayor consumidor de drogas, como la cocaína y la mariguana, el tráfico que se da en México para cruzar la frontera hacia el norte no dejará de darles jugosos dividendos a los productores; en este caso, a los narcos.
En series y en cintas se pinta la situación terrorífica del trasiego de la droga al país consumidor de droga por antonomasia, acción a la que le precede una violencia incontenible. Así, desde la mítica cinta Trafic (Steven Soderbergh, 2000) hasta la delirante Salvajes (Oliver Stone, 2012), pasando por series como El Chapo (2017), la violencia es incontenible.
Así, pues, la espiral de violencia aumenta conforme los diversos cárteles de la droga que operan en el país se disputan las distintas plazas que existen en el territorio mexicano, donde está claro que Colima no es la excepción, que tiene que pagar su cuota diaria de sangre.
De acuerdo a un estudio efectuado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, los que se disputan las plazas a lo largo y ancho de la geografía nacional son los cárteles de los hermanos Arellano Félix, el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Zetas, El cártel del Golfo y Los Caballeros Templarios.
De igual forma, según lo dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR), 36 células de nueve cárteles están operando en 18 de las 32 entidades que conforman la República Mexicana, Colima entre ellas. Así, pues, con tantas células operando y haciendo de las suyas por todo el país, es inevitable que las ejecuciones, secuestros y extorsiones se sigan llevando a cabo de manera inevitable.
Sin embargo, lo anterior no significa que las autoridades correspondientes están con los brazos cruzados. Eso sí: hace falta una mayor coordinación y el apoyo de más instancias gubernamentales para que realmente se le dé la batalla a los grupos criminales que no cejan en su cometido.
Así, por ejemplo, si el gobierno de Colima se lanza en solitario en esta cruzada a la tarea de detener elementos del crimen organizado, difícilmente podrá acabar con este cáncer social, pues si otros poderes se hacen de la vista gorda o los municipios no asumen su responsabilidad constitucional de proporcionar seguridad a los habitantes que viven en sus respectivas demarcaciones, el caos será el que impere.
Está claro que los otros dos poderes de Colima tienen que asumir también su responsabilidad, especialmente el Legislativo, y no querer ver los toros desde la barrera. A los diputados se les mira muy exigentes, pero no se ve que hagan algo que vaya más allá de la palabrería. En cuanto a los alcaldes, sobre todo de los municipios grandes, les hace falta más compromiso, pues hasta creen (como el de Colima) que eso es tarea exclusiva del gobierno estatal.
De maneras, pues, que si se dejara de pensar en las próximas elecciones, los actores políticos que tienen responsabilidad en este tema podrían hacer más para poder reducir los índices delictivos. Está en ellos dar prioridad a la seguridad y no a sus ambiciones personales o de grupo.
*Columna publicada el 11 de julio de 2017.