POR Luis Fernando Moreno Mayoral
++ La deuda pública del ayuntamiento de Colima asciende a más de 57 millones de pesos
++ La Comisión de Hacienda no autorizó la solicitud de contratación de Oficialía Mayor
++Sin embargo, el jurídico indicó que analizó otra vertiente que no requiere aprobación del Cabildo
El arrendamiento de 5 camiones compactadores nuevos para la recolección de residuos sólidos del municipio de Colima tendrá un costo de $22 millones 881 mil pesos, además de que el mantenimiento mensual será de 580 mil pesos.
Aunque la Comisión de Hacienda Municipal NO autorizó la solicitud realizada por la Oficialía Mayor para dicho arrendamiento, el director general de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Colima manifestó que se analizó otra vertiente de contratación que no va a requerir la autorización de la Comisión de Hacienda ni del Cabildo.
Azucena López Legorreta, regidora de Movimiento de Regeneración Nacional, indicó que no autorizó la contratación porque se quería realizar “sin considerar los requisitos que la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios prevén, “situaciones que advertimos desde la Comisión de Hacienda y que el ayuntamiento de Colima no había previsto”.
La regidora capitalina señaló que la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal incurrieron en omisiones técnicas de índole jurídico administrativo, como el hecho de que obviaron que el arrendamiento financiero plurianual de 5 camiones compactadores nuevos para la recolección de residuos sólidos es una deuda pública.
De acuerdo al artículo 3, fracción X de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, se entiende por deuda pública “cualquier financiamiento u obligación contratada por los entes públicos”, y la deuda directa, en su fracción VII, son los financiamientos que contraten los sujetos de esa ley, “derivada de un crédito, emprésito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente”.
La solicitud realizada para suscribir un contrato de arrendamiento financiero plurianual, sin lugar a dudas, “constituye la contratación de deuda pública directa”.
“Deja en estado de vulnerabilidad el presupuesto de la dirección general de Servicios Públicos, pues sólo se dotará de recursos para atender esa obligación, y no otras eventualidades o mantenimientos preventivos del parque vehicular municipal”, manifestó.
Indicó que no queda clara la relación entre el proveedor y el Municipio, pues no se adjuntan estudios de mercado ni cotizaciones que respalden dichas proyecciones, por lo que se entiende que hay un acuerdo previo con dicho proveedor; lo anterior “evitará realizar un proceso de licitación pública nacional”.
Como la operación que se pretende contratar bajo la figura de arrendamiento financiero es constitutiva de deuda pública, no se presenta por parte de la Tesorería Municipal el análisis de Techo Financiero Neto al cual se sumaría la operación que se pretende realizar y ver si está dentro del límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera, “toda vez que hay que tener presente que existe un financiamiento contratado en diciembre de 2024 que consume nuestra capacidad de endeudamiento en este momento”.
Bajo el esquema planteado se estaría pagando por cada unidad (son 5) $4 millones 496 mil 200 pesos, “lo que evidencia un financiamiento implícito muy elevado”; el costo de mantenimiento sería de $116 mil pesos mensuales, “lo que resulta cuestionable tomando en cuenta que durante el primer año las unidades son nuevas”.
Y como no se especifica quién cubrirá el costo de los seguros vehiculares, “se deja abierta la posibilidad de que sean a cargo del Municipio”.
En sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda Municipal, el director general de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Colima manifestó que se analizó otra vertiente de contratación que no va a requerir la autorización de la Comisión de Hacienda ni del Cabildo”.
La Comisión de Hacienda no autorizó, en este sentido, la solicitud realizada por la Oficialía Mayor “en virtud de las omisiones señaladas en el considerando CUARTO del presente dictamen”.
La cuestión es que se quería hacer una contratación sin considerar los requisitos que la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios prevén, situación que advirtieron desde la Comisión de Hacienda y que el ayuntamiento de Colima no había previsto.
