POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Con una oposición sin argumentos, sin manifestaciones de jueces ni magistrados ni de la sociedad civil, ayer en el Congreso del Estado se aprobó la iniciativa que se homologa con la Constitución Política Federal en relación con la elección extraordinaria a realizarse el primer domingo de junio de este 2025.
Con 18 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, ya es una realidad la reforma a la Constitución local en materia del Poder Judicial para renovar, en su totalidad, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a las juezas y jueces del Poder Judicial en funciones.
Desde temprano, dado el antecedente de los porros que llevaron los PRIANISTAS para reventar la sesión donde se aprobó la reforma al Poder Judicial Federal, llegaron elementos de seguridad a resguardar el recinto Legislativo; también se pusieron vallas para que no se metieran en estampida los opositores de la iniciativa que limpia de corrupción el sistema judicial de Colima.
¿Por qué ahora no hubo manifestaciones como en la sesión anterior? Porque, en efecto, la misma sociedad se dio cuenta que es necesario un cambio radical en el Poder Judicial de Colima; no se podía tapar el sol con un dedo cuando, en el fondo, todos hemos experimentado una situación desagradable en el sistema judicial de la entidad.
Los casos los ganan, en su mayoría, los que tienen dinero; esto en detrimento de los más desfavorecidos. También los ganan los que tienen contactos en la política o en el mismo sistema judicial; esto también perjudica a quienes jamás han tenido relación con algún funcionario público o judicial.
Beto Partida, en la mañana, publicó un video en sus redes sociales en donde cuestionó la seguridad en el recinto Legislativo; luego se quejó de que los policías estuvieran en el Congreso del Estado y no cuidando a la ciudadanía.
El diputado plurinominal, sin embargo, hizo tremendo ridículo con esa denuncia: nadie, en lo absoluto, acudió a la sede en solidaridad con las juezas y jueces que se verán afectados por la reforma judicial que los obliga a participar en las elecciones de junio próximo o, en su caso, acepar el haber de retiro.
Ni un solo magistrado, ni un solo juez, estuvo presente en la sesión donde se discutió y aprobó la iniciativa; esto demuestra que, en efecto, no es real el apoyo social que dicen tener los impartidores de justicia en Colima.
La justicia en el Estado, como en todo el país, es pésima; sobran los jueces corruptos y los magistrados que favorecen al mejor postor. Ya ni siquiera son un dechado de virtudes y honorabilidad como hacía 50 años: ahora hasta tienen hijos con diferentes mujeres y las mantienen con cargo al erario.
¿Qué harán ellos, los magistrados donjuanescos, ahora que ya no recibirán esos sueldos exorbitantes y los privilegios a que estaban acostumbrados? ¿Se les acabará el amor?
La oposición, como es costumbre, dio un espectáculo circense: ni el septuagenario Arnoldo Ochoa González ni Beto Partida ni Sofía Peralta Ferro ni Betzy Pinzón pudieron esgrimir argumentos convincentes para defender sus posturas; sólo se dedicaron a descalificar y a repetir los mismos lugares comunes de la oposición a nivel nacional con la reforma judicial federal.
Toca a los 10 ayuntamientos de Colima aprobar la iniciativa para que se publique en el Diario Oficial El Estado de Colima; una vez realizado este procedimiento, el primer domingo de junio de este 2025 se llevarán a cabo las elecciones para renovar a la totalidad de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a las juezas y jueces del Poder Judicial en funciones.
Las amenazas de los voceros de la mafia judicial en contra de las y los presidentes municipales, como las que grita el bravucón Rumualdo García Mejía, deben ignorarse para dar paso a la renovación del sistema de justicia en Colima; sumarse al aplauso fácil y votar en contra sí que les traería problemas para la operatividad de las administraciones municipales.