POR Jorge Octavio González
Nadie en su sano juicio seguiría las órdenes de un sujeto que está preso por abusar sexualmente de un menor de edad.
Si bien se hicieron acuerdos cuando Carlos Antonio Chavira George fue nominado como candidato del PRI y el PAN a la presidencia municipal de Coquimatlán, eso cambió cuando la Fiscalía General del Estado de Colima abrió una carpeta de investigación en su contra y se aprehendió al panista después de convertirse en un prófugo de la justicia.
Seguir las órdenes de quien está preso sería como avalar la vida loca y secreta que llevaba al margen de la ley; de ahí que los regidores del PRI y el PAN, así como la síndica, rechazaran los nombramientos que, desde la cárcel, ordenó Chavira George para que Luis Gerardo García Olivares los propusiera al Cabildo.
¿O a poco todavía creen que Carlos Chavira es un preso político al que le metieron un menor de edad a la cama para después acusarlo de abuso sexual?
Hacen bien, desde luego, en no aprobar a los funcionarios que venían con el aval de quien se encuentra tras las rejas y que, para variar, algunos tienen parentesco con familias caciques de Coquimatlán.
Pero el que más caló fue el que esperaba ser secretario del ayuntamiento de Coquimatlán, Salvador Fuentes Pedroza, un sujeto impresentable que ha sido señalado, también, de abuso sexual, corrupción de menores y lo que más resulte en contra de un menor de edad.
En el 2013, siendo presidente municipal de Coquimatlán, Salvador Fuentes Pedroza fue notificado en Palacio Municipal por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a través del Acta de Hechos 064/2013, negándose todas las ocasiones a comparecer.
Y por si no fuera suficiente la vergüenza de haber sido acusado de abusar de un menor de edad, en el 2015, cuando asumió la administración municipal de Coquimatlán Orlando Lino Castellanos, el propio alcalde y sus funcionarios realizaron una conferencia para acusar al presidente saliente, Salvador Fuentes, de haber hecho transferencias bancarias cuando ya no tenía facultades como edil.
“Siendo la 1 de la madrugada del día 16 de octubre, hora en que recibía felicitaciones de la población coquimatlense por mi nueva responsabilidad al frente de la administración municipal como nuevo edil, (a través de) una llamada por celular me informaron que exfuncionarios de primer nivel, síndico y regidores encabezados por el ya entonces expresidente municipal Salvador Fuentes Pedroza habían ingresado al edificio de la alcaldía de Coquimatlán uno a uno y se concentraban en la oficina del presidente saliente”, detalló.
Y añadió: “aprovechando el momento en que la nueva administración se encontraba, el expresidente municipal Salvador Fuentes Pedroza, junto con ex síndico, ex regidores y ex funcionarios de primer nivel aprovecharon el efectivo dispuesto para comenzar una repartición grotesca, al puro estilo de un robo al pueblo mientras éste miraba hacia otro lado”.
Y remató: “Las transferencias fluían sin ningún problema, pudiendo disponer de cuanto efectivo se tenía; de esta repartición del botín se otorgaron cantidades mayores de hasta 300 mil pesos, siendo un total de 4 millones de pesos el hurto”.
A esa persona, Salvado Fuentes Pedroza, quería Luis Gerardo García Olivares proponer al Cabildo como secretario del ayuntamiento de Coquimatlán; obviamente los regidores del PRI y del PAN mandaron por un tubo la propuesta que, ciertamente, venía desde la cárcel donde se encuentra Carlos Chavira George, que, de llegar a ser encontrado culpable, podría purgar una condena de hasta 40 años de prisión.
¿Por qué acatar acuerdos hechos en campaña cuando nunca fueron claros y no confesaron los delitos que podrían achacársele al candidato del PRIAN a la presidencia municipal de Coquimatlán?
A menos que, como se dijo líneas arriba, supieran de antemano lo hecho por Chavira George y avalaran la reprobable conducta de la versión chilingüinera de Puff Daddy.