POR Jorge Octavio González
Los últimos dos años jueces del Poder Judicial Federal en Colima han liberado a jóvenes pertenecientes a uno de los cárteles que opera en la entidad.
Las razones son lo de menos: que si una carpeta de investigación mal integrada, que si un pésimo trabajo del Ministerio Público, que si se violó el debido proceso del presunto culpable, etcétera.
La cuestión, sin embargo, es que sujetos que han asesinado a otras personas en Colima, que portan armas y que también se dedican al trasiego y venta de droga, son liberados por la misma ley que los debería poner tras las rejas.
¿Esa es la justicia que quieren en Colima y en todo México?
Y no hay que ir muy lejos para saber por qué sucede esto: o bien los jueces están coludidos con esa organización criminal que opera en Colima o bien son amenazados para que den ese tipo de sentencias absolutorias para los integrantes de ese cártel.
Cualquiera de las dos razones es gravísima:
Si están coludidos estamos hablando de que, con todo y la crema que les echa a sus tacos todas las mañanas, tiene razón el presidente de la República al acusarlos de liberar a criminales de cuello blanco y proteger sus intereses.
Pero si son amenazados significa que ni siquiera tienen la confianza en las instituciones que presiden para denunciar los hechos y llevar a la cárcel a los responsables.
De ahí que, como sucedió hace unos años, un juez federal que se estaba asentando en Colima con su familia fuera acribillado por la organización que se sintió afectada por sus decisiones en el pasado como juzgador.
Y cuando se trata de crímenes que tiene todo el sello del crimen organizado, las madres de los fallecidos, cuando van a preguntar a las autoridades los avances del caso, se voltean a ver entre ellos y le dicen, más bien le aconsejan, ya no moverle, porque bien saben a dónde va a llegar todo.
Así de aterrorizados están quienes debieran investigar y llevar ante la justicia a los criminales que todos los días están matando a sangre fría a jóvenes y adultos en Colima y en todo México.
Esta semana, que fue de manifestaciones y protestas de personal del Poder Judicial Federal en el país, en Colima también vimos alzar la voz a quienes están adscritos a los juzgados federales en la entidad.
Cierto es que, en lo que respecta a las reformas que pretende aprobar el Congreso de la Unión en septiembre, hay mucha desinformación; de ahí que los dos bandos tomen la parte que más les conviene para nutrir de fake news a sus seguidores.
Lo de elegir a los jueces y ministros por voto popular es, por supuesto, una tomadura de pelo; en Bolivia ya se vio lo que sucede si se emplea ese método y los resultados han sido catastróficos.
Pero hay quienes están queriendo cuestionar la reforma con el hecho de que podrán ser jueces y magistrados quienes hayan tenido 8 de promedio en sus escuelas, como si una calificación definiera el trabajo y el profesionalismo de las personas.
En México y en Colima hemos tenido presidentes y gobernadores con estudios en el extranjero y han resultado los peores ladrones y corruptos de toda la historia; basta con mencionar a Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León en la presidencia de la República o José Ignacio Peralta Sánchez y Mario Anguiano Moreno en la gubernatura del Estado, aunque el de Tinajas sólo puede presumir su premio Peña Colorada.
Descalificar a un eventual juez o ministro por su calificación es incluso discriminatorio, pero del clasismo, el racismo y el odio se alimenta parte de la oposición que alienta la revuelta y las manifestaciones en las calles para detener la reforma al Poder Judicial, tan necesaria como urgente en todas partes, como en Colima, donde es necesario renovar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que den paso a las nuevas generaciones que sí impartan justicia.