POR Luis Fernando Moreno Mayoral
La soberbia, el servilismo al poder y creerse impune sólo porque se arrojó a los brazos de Claudia Sheinbaum tiene en estos momentos a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en un conflicto en donde, más que un activo, resultará un laste para la candidata de Seguimos Haciendo Historia a la presidencia de la República.
Desde el fin de semana se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal recibió una denuncia anónima en contra de varios ex colaboradores de primer nivel del ministro en retiro y ordenó el inicio de una investigación por atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito.
Y aunque la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal aclaró que carece de competencia para investigar y sancionar a Arturo Zaldívar, informó que la indagatoria se va a centrar en los principales ex colaboradores del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2019 y 2022, cuando era titular del Poder Judicial Federal.
El golpe a la línea de flotación de la campaña de Claudia Sheinbaum, independientemente del resultado que se dé una vez que concluya la investigación, es demoledor: uno de los miembros distinguidos del equipo de la candidata de MORENA está, ahora, involucrado en una investigación donde más de 20 de sus ex colaboradores están acusados de diversos delitos de gravedad.
Por más explicaciones que dé el ministro en retiro y justifique su actuar frente a la evidente inclinación hacia las propuestas inconstitucionales del presidente de la República durante su gestión como presidente de la SCJN, en el fondo la imagen y reputación de Arturo Zaldívar, que es lo único que tienen los togados, ha quedado en entredicho.
Esto, sin embargo, debe servir de ejemplo para que en otros lugares se haga lo mismo con ex funcionarios del Poder Judicial que hicieron de las suyas y se desempeñaron de la manera más ruin y corrupta en sus encargos.
En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por ejemplo, hemos visto desfilar a magistrados que nunca hicieron carrera judicial y que fueron nominados por razones políticas.
Los casos de Bernardo Salazar Santana y Miguel García de la Mora son emblema de ello: los dos fueron impulsados por el ex gobernador Silverio Cavazos porque le ayudaron a realizar una serie de leyes que eran importantes para el tecomense en su momento.
El primero en ir fue Bernardo Salazar, dado que García de la Mora no cumplía con la edad; entonces se cabildeó con los diputados, también fáciles de convencer en esos años de nula transparencia y rendición de cuentas, para que aprobaran su nombramiento como magistrado.
El papel que desempeñó Bernardo Salazar como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue deplorable y, de acuerdo a información que se publicó cuando lo orillaron a dejar el cargo, con actos de corrupción que podrían derivar en sanciones si en realidad hubieran interpuesto las denuncias correspondientes.
Al margen de que un grupo de abogados tenía interés en tumbarlo de la presidencia, esperando regresar a los privilegios de anteriores administraciones, Salazar Santana agachó la cabeza y se dedicó a ser un soldado fiel del gobierno del Estado; incluso un hijo de él va en la planilla de un ayuntamiento de MORENA.
Y hay que ser objetivos: Miguel García de la Mora jamás habría sido magistrado si no fuera por la bendición de Silverio Cavazos. Así de sencillo.
En estos momentos, por el proceso electoral, se está dejando a un lado el Poder Judicial en Colima; ahí también es necesaria una purga y una amplia investigación hacia los magistrados y los últimos presidentes, porque manejaron el STJE como si fuera un casino y un congal.