POR Jorge Octavio González
¿Hay elementos suficientes como para que la Fiscalía General del Estado haya cateado una o dos casas de José Ignacio Peralta Sánchez? Claro.
¿Hay audios o conversaciones telefónicas del ex mandatario y de sus funcionarios que podrían ser exhibidos cada semana en los Diálogos por la Transformación? Por supuesto.
¿Hay fotos íntimas o packs de mujeres diputadas o de funcionarias del sexenio anterior que fueron dadas para tener esos cargos? Hasta el momento no se tiene certeza, pero no es algo que se pueda descartar.
Lo cierto, sin embargo, es que sí hay una ex directora que recibía un sobre con un mensaje en su interior que decía, al abrirlo: “cuando llegues a la habitación, utiliza la llave”. En el sobre, cabe destacar, había una llave de una habitación de hotel, que de acuerdo a las instrucciones tenía que utilizar sin tocar la puerta.
Se desconoce si se videogrababan los encuentros que había en esa habitación de un hotel de la Ciudad de México, aunque tampoco habría que descartar dicha posibilidad, sobre todo porque sí se tenía la costumbre en el sexenio anterior de grabar las conversaciones en oficinas y telefónicas.
¿Qué se puede desprender de las interrogantes anteriores?
Que, simple y sencillamente, hay un acuerdo tácito entre la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y el ex mandatario José Ignacio Peralta Sánchez para protegerse. Y claro que hay muchas evidencias que lo podrían probar: la primera, que hasta el momento no han molestado al ex gobernador ni con una citación a su casa para que declare sobre las denuncias que han interpuesto en su contra no las autoridades actuales, sino, sobre todo, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, a cargo de Martín Flores Castañeda.
Los recursos que dejó de pagar al Instituto de Pensiones del Estado de Colima, IPECOL, es suficiente evidencia para citar y, de una vez, librar órdenes de aprehensión en su contra, tal y como debiera suceder en contra de Leoncio Morán Sánchez, que ya confesó haber dejado de pagar alrededor de 50 millones de pesos que quiso resarcir con la venta del terreno Primavera Hills, que el IPECOL no se lo recibió por no haber hecho el procedimiento correctamente, y que ahora es subastado por el actual Ayuntamiento de Colima para cubrir ese pasivo del dueño de Movimiento Ciudadano en la entidad.
¿Por qué Indira Vizcaíno Silva, con toda la evidencia e información que tiene en su poder, no ha actuado en lo absoluto? Porque hay un pacto que hasta ella debe cumplir. No se sabe si le gusta o no o si lo piensa cumplir por mucho tiempo más, pero de lo que no hay duda es que por el momento lo tiene que hacer si no quiere que salgan a relucir los acuerdos que se hicieron para que ella fuera la candidata de MORENA, por sobre otras opciones que sí han luchado por las causas de la izquierda, así como la gobernadora de Colima.
¿Qué tanto durará ese pacto de impunidad que hay entre la gobernadora y el ex gobernador? Hasta que sea necesario. ¿Podríamos ver, entonces, cateos exhibidos a los medios de comunicación a varios de los domicilios que tiene Ignacio Peralta en Colima y en el extranjero? ¿Veremos un espectáculo en Parque Royal? ¿Escucharemos en las redes sociales conversaciones telefónicas de Ignacio Peralta con sus funcionarios hablando de actos de corrupción o ilegalidades?
Dependiendo qué tanto le sirva a Indira Vizcaíno es lo que podríamos ver en los próximos meses o, en su caso, en la elección del 2024.
El pacto de impunidad es tan cierto que, con toda la evidencia que hay al menos en el IPECOL, ni siquiera ha sido citado Ignacio Peralta ni sus funcionarios para responder a las acusaciones.
Lo demás, lo que Indira Vizcaíno diga o declare en los medios y en sus Diálogos por la Transformación, es un mero distractor.
Sólo respondan: ¿cuántos funcionarios de la administración de José Ignacio Peralta han sido encarcelados? Ni uno solo.