POR Jorge Octavio González
Pocas veces el órgano de propaganda de la Universidad de Colima, El Comentario, trata temas políticos o de inseguridad en sus páginas editoriales; a lo que se dedican es a ensalzar la figura del rector en turno y a magnificar sus palabras y eventos como si fuera el Granma de la dictadura castrista de Cuba.
En la edición del martes 13, sin embargo, en su editorial abordaron el tema de la violencia en el proceso electoral, haciendo un llamado a las autoridades competentes, sin especificar a cuáles se refiere, para que garanticen una jornada cívica y en armonía.
Cierto es que, como en estos momentos Christian Torres Ortiz Zermeño está subordinado al gobierno del Estado y no puede alzar la voz para cuestionar nada referente a los temas de interés público, su llamado a las autoridades es tibio, tratando de no molestar a sus empleadores.
“La coincidencia es general: tiene que haber un llamado enérgico y unánime al rechazo de cualquier forma de violencia relacionada con el proceso electoral”, señalan en una parte de su escrito.
Y añaden: “Es imperativo que las y los actores políticos, las autoridades electorales, la sociedad civil y los medios de comunicación, trabajemos conjuntamente para garantizar que este proceso se desarrolle en un ambiente de paz y seguridad”.
¿A quién le corresponde, por principio de cuentas, garantizar que el proceso electoral “se desarrolle en un ambiente de paz y seguridad?”.
A las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; sin embargo, para el órgano de difusión de la casa de estudios la autoridad electoral debe ser el principal garante y no la autoridad constituida en la materia, con sus policías y ministerios públicos que deben procurar la justicia y sancionar los delitos relacionados con la violencia.
La narrativa cuida no meterse con la autoridad estatal por obvias razones.
“No puede ni deben ser una constante y llegar a su normalización, cualquier acto de intimidación, coerción o violencia dirigida a candidatos, activistas, votantes, funcionarios o cualquier participante directo o indirecto del proceso electoral”, escriben los funcionarios encargados de recoger el sentir de la comunidad universitaria en el medio que funge como su órgano de propaganda.
Es cierto: no debe normalizarse ningún tipo de violencia en contra de “candidatos, activistas, votantes, funcionarios o cualquier participante directo o indirecto del proceso electoral”; pero tampoco debe hacerse en el interior de la casa de estudios, en donde se han dado casos de acoso sexual y laboral de parte de maestros hacia alumnos menores de edad, y se ha llegado al extremo de burlar la seguridad del campus universitario para colocar cartulinas con mensajes amenazantes sin que hasta la fecha haya un solo detenido o señalado como el responsable de ese acto de amenaza e intimidación en contra de un profesor de la Universidad de Colima.
Finaliza su editorial: “Es crucial que las autoridades competentes actúen con la máxima diligencia para investigar y sancionar dichos actos, asegurando que la justicia prevalezca sobre la impunidad”.
De nueva cuenta: ¿por qué piden justicia y sanciones para quienes incurran en violaciones a la ley en el contexto del proceso electoral, pero no asumen una autocrítica y también hablan de los actos de acoso laboral y sexual que siguen perpetrando maestros y administrativos contra alumnas y empleadas de la U de C, donde casi siempre, de acuerdo a la versión de las víctimas, no son atendidas con el protocolo establecido para este tipo de casos?
Por si fuera poco, la página de internet de la Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género tiene el estatus, aunque usted no lo crea, de “página en construcción”, seguido de otro anuncio que dice, así sin más, “no hay boletines registrados”. Aquí el link: https://portal.ucol.mx/unidadgenero/
Así como que muy enérgico el llamado a la autoridad en voz de los universitarios tampoco.
Pero así es el rector Christian Torres Ortiz: cobarde, tibio, sin carácter y, sobre todo, limitado.