POR Jorge Octavio González
Imposible negar el elefante en la sala.
El financiamiento que habría recibido Andrés Manuel López Obrador para la campaña del 2006 de parte del Cártel de Sinaloa ha pegado durísimo en la línea de flotación de la honestidad valiente que tanto pregonan.
Cierto es que, de acuerdo al propio presidente de la República y sus corifeos en los medios de comunicación, la acusación proviene de testigos protegidos que no pueden tomarse muy en serio; por lo general esos delincuentes dicen lo que quieren escuchar las autoridades gringas con tal de recibir beneficios y hasta la libertad.
El problema, sin embargo, es que esos mismos testigos protegidos y colaboradores son los mismos que señalaron a Genaro García Luna de recibir millones de dólares del mismo grupo delictivo que hoy apunta con el dedo a López Obrador.
El cinismo a todo lo que da: si la acusación es contra el corrupto súper policía de Felipe Calderón, es verdad; si se acusa a AMLO y a su gente más cercana, entonces es una conspiración de los neoliberales para destruir el gobierno del pueblo.
Las cosas como son: si esos testigos señalaron a un alto funcionario de administraciones pasadas sin tener pruebas hay que condenarlo, igual que lo están haciendo ahora con el presidente de la República.
Pero no hay que ser selectivos cuando le conviene a la causa política que defienden.
Hay que señalar que esta acusación se difundió simultáneamente en tres medios de comunicación internacionales: el primero lo publicó Anabel Hernández en el diario digital DW, después Tim Golden en ProPublica y, por último, Steven Dudley, de InSight Crime.
De acuerdo a lo que publicaron estos medios, el dinero del Cártel de Sinaloa era enviado por Arturo Beltrán Leyva, cuando todavía no se peleaba con El Chapo Guzmán; el recurso lo recibieron Nicolás Mollinedo, el chofer de AMLO cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de Mauricio Soto Caballero, un consultor que se metió a la campaña de AMLO.
Un dato que llama mucha la atención es que Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, había planeado el secuestro del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar que le diera la constancia que acreditaba a Felipe Calderón como presidente de México, además de haber financiado los meses que estuvieron en Paseo de la Reforma en el bloqueo por el supuesto fraude que cometieron en contra de López Obrador.
El presidente de México, por cierto, negó las acusaciones y dijo que el origen de ese golpe provenía del gobierno de Estados Unidos, y llamó a Joe Biden a que ya no filtrara información a los medios que se prestan para su guerra sucia.
A López Obrador, sin embargo, debiera preocuparle que, en efecto, las filtraciones provengan del gobierno americano; eso significaría que existe un motivo fuerte de parte del vecino del norte para dañar la imagen y reputación del presidente de México.
Pero, como diría el columnista Raymundo Riva Palacio, en el fondo estas investigaciones tienen el objetivo de alertar a Andrés Manuel López Obrador sobre lo que le espera una vez que culmine su periodo como presidente de la República y deje de tener el respaldo y apoyo económico y militar que tiene en la actualidad.
En estos momentos en el Estados Unidos no actuarían en su contra, por más pruebas y testimonios que haya; esto no quiere decir que no lo hagan cuando deje la presidencia, igual que a sus hijos, a los que también se les estaba investigando, a tal grado que uno de ellos, José Ramón López Beltrán, tuvo que regresarse a México para no dar pie a una posible detención.
El elefante en la sala es imposible no verlo; falta ver lo que todavía no se ha publicado para dimensionar cómo serán las campañas políticas en México.
Se va a poner color de hormiga.