POR Luis Fernando Moreno Mayoral
La Universidad de Colima es opaca y nunca ha sido partidaria de la transparencia y la rendición de cuentas.
Ante una solicitud de información, lo que hacen los integrantes del comité de transparencia de la casa de estudios es pedir, aunque no la necesiten, una prórroga; esto tiene como objetivo la desesperación del usuario y que el sujeto obligado tenga más tiempo para evadir responder o de plano clasificar la información.
Hay sujetos obligados, llámese ayuntamientos o dependencias u organismos descentralizados, que presumen tener el índice más alto de respuesta a las solicitudes de información; el problema es que su respuesta puede ser la negativa de entregar lo que les piden o clasificar la información.
Esto es: mientras respondas, aunque sea de manera negativa, para el instituto de transparencia es, al final de cuentas, una respuesta. Y eso cuenta a la hora de calificar a un sujeto obligado de acuerdo a las solicitudes respondidas.
Es una trampa, desde luego.
Y la Universidad de Colima es así: responden, en efecto, pero la mayoría de las veces negando la información, con la justificación de que no la tienen o que sencillamente es clasificada, como si fueran contratistas privados trabajando para el Ejército de Estados Unidos.
Pero he aquí por qué sucede esto: como se dijo en OPINIÓN EXPRESS sobre el vocero Jorge Martínez Durán, el rector Christian Torres Ortiz Zermeño se rodea de leales con un perfil bajo que jamás le llevarán la contraria.
El comité de transparencia de la Universidad de Colima está conformado por las siguientes personas:
Érika Mercedes Ulibarri Ireta, coordinadora general Administrativa y Financiera, es la presidenta; Martha Alicia Magaña Echaverría, coordinadora general de Docencia, es integrante; Leobardo George Ocón, Abogado General, es integrante, y Elba Abigail Morales Vanegas es la directora de Unidad de la Transparencia y Protección de Datos Personales.
¿Qué tienen en común todas estas personas? Que son incondicionales del rector de la Universidad de Colima y jamás entregarían información que pudiera perjudicar a la institución y a Christian Torres Ortiz.
Tener a Leobardo George Ocón como integrante del comité de transparencia es, sin lugar a dudas, un despropósito; por supuesto que el Abogado General nunca estaría de acuerdo en proporcionar información que dañe a su jefe.
Si ha sido capaz, a través de comunicados de prensa, de solapar el montaje del rector acerca de acciones favorables a la mujer por despedir a unos cuantos profesores por acoso laboral y sexual, es evidente que también será su protector en el comité de transparencia para que no se filtre nada a la opinión pública que pueda exhibir a la U de C.
Y si ya han sido cómplices en ocultar las denuncias de acoso sexual y laboral de maestros contra alumnas menores de edad, desacreditando a las víctimas e invisibilizando a las mujeres que alzan la voz, con mayor razón estarán de acuerdo en no proporcionar un contrato espinoso con alguna empresa fantasma o sancionada por las autoridades.
El comité de transparencia debe ser una especie de contraloría independiente que no tenga ningún conflicto de interés en la Universidad de Colima y pueda entregar la información que solicitan los usuarios; de lo contrario se convierten en un filtro interesado que valora qué documento o información sí se da o cuál no, perjudicando a la gente que utiliza esta herramienta para conocer más acerca del sujeto obligado que desee.
Pero mientras los órganos de vigilancia, transparencia y de atención a la violencia de género estén a cargo de incondicionales del rector en turno, difícilmente se podrá transitar por el camino correcto.
A Christian Torres Ortiz Zermeño le favorece que todo esté así, porque no tendrá la obligación de rendir cuentas ante la sociedad.